La discrecionalidad de las fuerzas
de la ley y el orden -
Cómo propicia la violencia contra
las mujeres y por qué debe ser restringida
¿Qué es la discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden?
La discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden es el poder que los agentes de estas entidades tienen para decidir cuáles crímenes tratarán con seriedad, hasta qué grado y cuáles ignorar. En Estados Unidos, la policía, los fiscales y los oficiales de libertad condicional tienen una discrecionalidad virtualmente absoluta al tomar estas decisiones. Ello significa que, sin importar cuántas pruebas existan de que un crimen ocurrió, los agentes no tienen la obligación de investigarlo, escribir reportes, realizar arrestos, llevar los casos a juicio, castigar a los perpetradores ni, de hecho, hacer nada en absoluto. Esta discrecionalidad también significa que cuando los agentes de esas agencias no dan una respuesta, o no lo hacen de manera adecuada, las víctimas no pueden responsabilizarlos en un tribunal de justicia. Prácticamente no hay base para una apelación legal, ni una agencia pública que tenga poder de veto sobre estas decisiones de las fuerzas de la ley y el orden.
El dictamen de 2005 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Castle Rock vs. Gonzales muestra justamente cuán ilimitados son estos poderes. En este caso, la Corte Suprema dictaminó que aun cuando existen leyes estatales que le ordenan a la policía responder de determinada manera a un crimen particular-por ejemplo, realizar un arresto por haberse violado una orden de restricción, como lo ordenaba una ley estatal de Colorado en el caso Gonzales-, los poderes discrecionales de las fuerzas de la ley y el orden invalidan la ley estatal. Los agentes que violaron esta ley estatal, lo cual condujo a las muertes de las tres hijas de Jessica Gonzales, no podían ser responsabilizados en un tribunal de justicia por sus fallas.
Es decir que, sin importar cuántos esfuerzos se hayan hecho por mejorar la respuesta de la policía a la violencia contra las mujeres mediante la promulgación de leyes que exigen a los agentes actuar de una u otra forma, esas leyes no son más que un sueño de opio. La discrecionalidad de un agente para decidir a cuáles crímenes responderá en qué manera o bien ignorar un crimen si así lo desea es una opción que anula la ley estatal.
Con el paso del tiempo y hasta el día de hoy, las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos han fortalecido cada vez más los poderes discrecionales de las fuerzas de la ley y el orden. Para leer resúmenes de dictámenes pertinentes de la Corte Suprema, ver "¿Tienen las fuerzas de la ley y el orden obligaciones hacia las víctimas de violencia contra las mujeres? Una mirada a ocho casos jurídicos clave" en http://www.justicewomen.com/cj_dutytovictims_sp.html.
Un panorama similar de la discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden existe en todo el mundo. Aunque algunos países sí imponen restricciones a la discrecionalidad procesal, tales como leyes que exigen procesamiento obligatorio, estos mismos países no tienen restricciones a la discrecionalidad policial, de modo que el problema para las mujeres sigue siendo básicamente el mismo. La policía puede optar por no investigar o no enviar los casos a sus fiscales para revisión.
Puntos adicionales sobre la discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden:
- Cuando se tienen en cuenta todos los debates, revisiones, votaciones, aportes del público y audiencias que implica crear una ley en una democracia, no es más que volver a la tiranía el hecho de otorgarles a las fuerzas de la ley y el orden una discrecionalidad sin control que les permite optar por aplicar la ley o no. Los resultados de esta situación son totalmente predecibles. Las agencias hacen cumplir las leyes que les gustan e ignoran las que no les interesan. Esto les da un poder de veto irrestricto sobre la voluntad codificada que el pueblo ha expresado.
- A medida que los poderes discrecionales de las fuerzas de la ley y el orden han sido fortalecidos progresivamente por los tribunales, reformistas jurídicos están expresando una alarma cada vez mayor respecto a los efectos opresivos de estos poderes sobre los derechos de sospechosos y acusados. Pero no están respondiendo en absoluto a los efectos opresivos que esos mismos poderes discrecionales tienen sobre las mujeres, en particular la consecuente denegación sistemática de protección y justicia para ellas
Cómo la discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden propicia la violencia contra las mujeres
Aunque los poderes discrecionales de las fuerzas de la ley y el orden se aplican a cómo éstas manejan todos los crímenes, los casos de violencia contra las mujeres son más vulnerables a los abusos de esos poderes que cualquier otro crimen grave. Ello se debe a que, en general, los crímenes de violencia contra las mujeres son los que la policía y las fiscalías menos quieren manejar, por muchas razones que se reducen todas al sexismo. Entonces, por supuesto, éstos son los casos que los operadores de justicia de manera más desproporcionada y sistemática minimizan, descartan, engavetan, investigan menos, desechan, ignoran y sobreseen.
Además, la enorme barricada que los poderes discrecionales de las fuerzas de la ley y el orden le plantean a la justicia para las mujeres se ve magnificada por otro hecho del proceso de justicia penal. A medida que un caso avanza dentro del sistema, lo típico es que pase por las manos de una cadena de operadores. Empezando por el agente que respondió a una primera llamada, el caso puede luego pasar a un detective, después a un fiscal que formula cargos y finalmente a un fiscal de tribunal. Y esta cadena es sólo tan fuerte como su eslabón más débil. Cada uno y cualquiera de estos operadores puede decidir desechar el caso o bajarlo de categoría. Y el proceso termina ahí. Dicho de otra manera, cada agente sirve como un obstáculo hacia el siguiente paso y cada uno tiene plena discrecionalidad para desechar el caso o trabajarlo. Esto significa que antes de que un perpetrador sea sentenciado, cada agente en la cadena debe haber asumido el compromiso de manejar con seriedad los casos de violencia contra las mujeres. En el mundo sexista de las fuerzas de la ley y el orden, ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda?
En vista de que tantos policías y fiscales se rehúsan a trabajar en estos casos, la abrumadora probabilidad es que al menos un agente de la cadena quiera deshacerse de ellos. Eso conduce inevitablemente a las estadísticas atroces que vemos en todo el mundo respecto al manejo que las fuerzas de la ley y el orden hacen de los casos de violencia contra las mujeres. (Ver “Protección y justicia para las mujeres: ¿Progreso o propaganda? en
http://www.justicewomen.com/progressorpropaganda_sp.html)
Trágicamente, una respuesta deficiente por parte de las fuerzas de la ley y el orden, especialmente a los casos de violencia contra las mujeres, es peor que ninguna respuesta en absoluto. Una mala respuesta envía a la sociedad, a los perpetradores y las víctimas el mensaje potente y autorizado de que la violencia contra las mujeres ‘no es gran cosa’. La desconsideración de las fuerzas de la ley y el orden envalentona a los perpetradores y debilita a las víctimas. Las respuestas inapropiadas de estas fuerzas equivalen a confabulación estatal y colaboración con los perpetradores. Realmente estamos en una situación muy difícil.
Por qué debemos imponer restricciones a la discrecionalidad de las fuerzas de la ley y el orden para erradicar la violencia contra las mujeres
Cuando hay violencia o amenaza de violencia, las fuerzas de la ley y el orden, y sólo ellas, tienen el poder y autoridad exclusivos para interferir en la situación y poner al perpetrador bajo control. Muchas personas activistas se han desilusionado y disgustado tanto con las fallas de estas fuerzas que han perdido la esperanza de que mejoren. Han volcado sus energías hacia otros esfuerzos, esperando evitar por completo a las fuerzas de la ley y el orden.
Pero esto es una imposibilidad. Los poderes de las agencias de la ley y el orden son poderes exclusivos. Cualquier persona, o cualquier organización, que intente asumir la tarea de poner bajo control a los perpetradores, aplicar la ley o imponer justicia puede inmediatamente ser sometida a un arresto.
Otras personas buscan trabajar en prevención y ojalá evitar así la necesidad de usar las fuerzas de la ley y el orden. Sin duda alguna, la prevención es enfáticamente la meta final. El problema principal es que aún no tenemos programas de prevención que hayan demostrado reducir la violencia. Otro problema es que una parte integral de la prevención es contar con buenas agencias de la ley y el orden. De hecho, se ha demostrado que una buena agencia de la ley y el orden es lo único que existe para una prevención significativa exitosa de la violencia contra las mujeres. Y parece ser obvio. Podemos educar con excelencia, pero si un/a joven luego regresa a casa a presenciar violencia, difícilmente algún programa educativo podrá deshacer el daño o superar los efectos de esa violencia. La violencia en sí perpetúa la violencia. El ciclo de violencia debe ser frenado. Y sólo las fuerzas de la ley y el orden tienen el poder para interferir y detenerlo.
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