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Una implementación
integral, efectiva y no discriminatoria de los poderes del
sistema de justicia criminal es esencial para poner fin
a la violencia contra las mujeres, tanto para liberar a
las mujeres individuales como para acabar con la epidemia
mundial de violencia contra ellas.
Es indudable
que todos los segmentos de la sociedad deben llevar a cabo
profundos cambios para que la violencia contra las mujeres
sea eliminada. Sin embargo, una vez que ocurre la violencia
o se dan amenazas de ésta, el sistema de justicia
criminal es el único sector de la sociedad que tiene
el poder y la autoridad para intervenir y detener tal violencia.
Este sistema, por sí mismo, está investido
del poder y la autoridad para aplicar las leyes contra la
violencia, llevar a cabo una investigación criminal,
arrestar y detener a un perpetrador y brindar justicia para
ofensas criminales. Si el sistema de justicia criminal no
hace su trabajo a cabalidad a fin de poner al perpetrador
bajo control, estos casos pueden pasar interminablemente
por todos los canales del trabajo social. Es muy probable
que el perpetrador simplemente regrese a acabar con cualquier
nivel de paz y equilibrio que tú y la víctima
hayan podido establecer en la vida de ella.
La crucial importancia
del sistema de justicia criminal para detener la violencia
contra las mujeres puede ser ilustrada tanto en lo positivo
como en lo negativo. En el lado positivo, varias jurisdicciones
diversas en el país, que han implementado una respuesta
consistente, agresiva y moderna de la justicia criminal
a la violencia doméstica, han sido capaces de reducir
sus tasas de homicidios por este tipo de violencia en más
del 60 por ciento en apenas algunos años. Si la violencia
doméstica fuera una enfermedad, esta drástica
reducción de las muertes sería considerada
una cura milagrosa.
Quizás
recuerdes una serie de estudios de finales de los años
ochenta, los cuales revelaron que el arresto de los perpetradores
tenía como resultado sólo una mínima
reducción de la violencia que ocurriera en el futuro
en la relación. Estos estudios aún son utilizados
para argumentar en contra de la necesidad de una firme respuesta
del sistema de justicia criminal. Por ello es importante
ser conscientes de una falla fundamental, no en los estudios
mismos, sino en las condiciones al momento de ser realizados.
El sistema que operaba en aquellos tiempos consistía
primordialmente en arrestos y nada más; entonces
no estaban vigentes las cruciales investigaciones y prosecuciones
de seguimiento de los casos. Era como tratar de hacer que
un avión volara con una sola ala. No es difícil
deducir que si los perpetradores únicamente son arrestados
y detenidos durante un par de días y luego se les
deja ir sin un seguimiento, es muy probable que serán
aún más peligrosos para las víctimas.
No fue sino hasta
principios de los años noventa que unas pocas jurisdicciones,
notablemente San Diego (California) y Quincy (Massachusetts),
empezaron la liderar un enfoque moderno e integral de las
fuerzas de seguridad a la violencia doméstica. Además
de la política a favor del arresto, este nuevo enfoque
incluyó una completa investigación policial
con miras a la prosecución; seguimiento a la prosecución;
política de no sacar al perpetrador del proceso de
justicia criminal (es decir, no ofrecerle consejería
o tratamiento en lugar de hacerlo pasar por el proceso criminal);
política de no desechar el caso (el fiscal no puede
descartarlo sólo porque la víctima tenga demasiado
temor a testificar), así como apoyo a las víctimas
y un intensificado monitorio de la liberad condicional y/o
seguimiento correccional. Fue sólo cuando se aplicó
a la violencia doméstica esta respuesta completa
de todo el espectro de la justicia criminal que tuvieron
lugar las inmediatas y dramáticas reducciones de
los homicidios relacionados con violencia doméstica
en esas ciudades pioneras. Estos resultados positivos e
impactantes han sido ahora reproducidos con éxito
en varias otras jurisdicciones a lo largo de los Estados
Unidos.
Ningún
otro enfoque a la violencia doméstica -ni los programas
educativos, los basados en terapia o la práctica
de sacar al perpetrador del proceso de justicia criminal-
ha demostrado una efectividad y un impacto que siquiera
se acerquen al éxito obtenido por la implementación
de una respuesta integral de la justicia criminal. De hecho,
los estudios de remedios a la violencia doméstica
que no parten de la justicia criminal muestran repetidamente
su ineficacia en hacer posible una significativa reducción
de los niveles de violencia.
Dados los comprobados
e inequívocos beneficios de una respuesta completa
de la justicia criminal, es triste que, aún en la
actualidad, la crucial importancia de una buena respuesta
del sistema todavía tenga que manifestarse con más
frecuencia en lo negativo.
En el lado negativo,
las consecuencias de la incapacidad de las fuerzas de seguridad
para implementar sus poderes a favor de las mujeres son
demasiado evidentes cuando se rastrean historias de dichas
fuerzas que condujeron a homicidios relacionados con violencia
doméstica. Lo que se encuentra en un caso tras otro
en los que las mujeres fueron asesinadas por sus compañeros
íntimos es la historia de la grosera incapacidad
de las fuerzas de seguridad para responder en forma apropiada
a los pedidos de ayuda previos de las víctimas. Investigaciones
inconclusas, prejuicios de los oficiales acerca de las mujeres,
desprecio hacia las víctimas, prosecución
inadecuada, sentencias que no corresponden a la brutalidad
de los crímenes, un seguimiento descuidado y una
general desconsideración de parte del sistema...
todo ello ha pavimentado el camino de un homicidio tras
otro relacionado con violencia doméstica. La descuidada
respuesta de las fuerzas de seguridad envalentona a los
perpetradores, sume a las mujeres en la desesperación
y conduce a una cantidad incalculable de daños severos
y muertes de mujeres.
La Revisión
de Fatalidades por Violencia Doméstica del Estado
de Washington realizada en el año 2002 aptamente
califica como "el absurdo procesamiento de casos"
esta respuesta tan común e inadecuada de las fuerzas
de seguridad a la violencia doméstica. Con demasiada
frecuencia, en lugar de implementar sus poderes a favor
de las víctimas, los oficiales de la justicia criminal
han sido hallados responsables de trasladar descuidadamente
los casos de uno al siguiente. En realidad, los perpetradores
nunca fueron responsabilizados, pese a las múltiples
rondas a través del sistema, y todo ello tuvo como
consecuencia las muertes de las mujeres.
Cuando el sistema
de justicia criminal retiene sus poderes al no ponerlos
a disposición de las víctimas de violación
y violencia doméstica, lo que hace es dar más
poder a los perpetradores y, de hecho, incrementar el peligro
para las víctimas. Los perpetradores se sienten envalentonados
por la inmensa autoridad que se encuentra detrás
de esa actitud del sistema que dice claramente que a éste
todo le importa un comino. Ellos perciben que se les ha
dado luz verde para seguir adelante con la violencia o aumentarla.
En realidad, una vez que las fuerzas de seguridad han respondido
con tanto descuido, no es extraño que los perpetradores
invoquen la autoridad de esas fuerzas para aterrorizar a
las víctimas. "Adelante, llama al alguacil",
le decía Avelino Macías a Teresa, la esposa
de quien estaba separado. "El alguacil me protege más
a mí que a ti".
La víctima,
por su lado, se ve peligrosamente debilitada y es lanzada
a la desesperación por la denegación de ayuda
de parte del sistema. Justo en el momento en que ella toma
el gran riesgo de exponer su intención de confrontar
al perpetrador llamando a las fuerzas de seguridad, es traicionada
por la inadecuada respuesta de éstas enfrente del
perpetrador. "En lugar de ayudarme", le dijo Teresa
a su madre respecto a las respuestas de las autoridades
a sus llamados de ayuda, "me hundieron aún más".
Al igual que muchas otras víctimas de homicidio por
violencia doméstica, Teresa había sido llevada
a una desesperación tan profunda por la repetida
desconsideración de la oficina del alguacil a sus
más de 25 llamados de ayuda, que había desistido
de llamar más veces para pedir auxilio en las semanas
antes de que Avelino la acechara y ejecutara. (Ver "Las
mujeres no tienen por qué morir" )
Tampoco tenemos
que limitar nuestras observaciones a los homicidios relacionados
con violencia doméstica para observar el daño
de la desconsideración de las fuerzas de seguridad
hacia la violencia contra las mujeres. Lo mismo puede apreciarse
en las historias de las fuerzas de seguridad de tantos casos
en que ha habido daños graves. O en casos de violadores
en serie o abusadores sexuales de niñas y niños
en serie. Si desengavetamos las historias de estos casos
de felonía, casi siempre encontraremos también
en ellas una trayectoria de desconsideración de las
fuerzas de seguridad hacia un previo menor nivel de violencia
del perpetrador contra mujeres, niñas y niños.
Dado el mayor
peligro para las mujeres que provoca la denegación
de protección y justicia por parte de los oficiales,
debería quedar claro que cualquier agente de policía
o fiscal que de rutina, en el curso de su carrera o aun
en el transcurso de un año, maneje inadecuadamente
la violencia contra las mujeres, es más peligroso
para ellas que un centenar de golpeadores y violadores.
Más aún,
si vemos la historia de las fuerzas de seguridad en casos
de asesinos en serie y de masas, también con frecuencia
encontraremos ahí una trayectoria de respuestas inadecuadas
de esas fuerzas a la violencia previa del perpetrador contra
mujeres. Un caso actual en las noticias es el de John Muhammad,
el francotirador cuyos asesinatos en el otoño del
2002 mantuvieron aterrorizada a la población de Washington
DC durante semanas. Por sus actos murieron 13 personas muertas
y cinco quedaron heridas.
En los dos años
anteriores a esos eventos, al menos tres agencias de policía
-los departamentos de Policía de Tacoma y de Bellingham
y el Departamento del Alguacil del área- habían
sido incapaces de responder de manera apropiada a los crímenes
de violencia doméstica de Muhammad contra su esposa
e hijos y contra la madre de Jahn Malvo, el adolescente
cómplice de Muhammad en los asesinatos del otoño
del 2002. Esas agencias no arrestaron a Muhammad ni una
sola vez; tampoco obtuvieron una orden de arresto por tales
crímenes. Esto, pese a que el perpetrador había
secuestrado a sus hijos y los había ocultado de su
esposa durante más de un año, además
de haber proferido amenazas de muerte que fueron escuchadas
por testigos creíbles, y también a pesar de
que las fuerzas de seguridad estaban en contacto con Muhammad
y contaban con numerosas evidencias para probar esos crímenes.
A modo de reflexión
acerca de la mentalidad de la policía de Tacoma,
vale la pena señalar que en ese mismo periodo de
tiempo ésta había obtenido una orden de arresto
contra Muhammad, pero dicha orden no tenía nada que
ver con violencia doméstica. El Departamento de Policía
de Tacoma obtuvo la orden de arresto porque Muhammad había
robado carne por un valor de $27 en una tienda de la localidad.
La policía de Tacoma emprendió una acción
más fuerte por la pérdida de $27 del propietario
de la tienda que a favor de la esposa de Muhammad, inclusive
cuando éste secuestró a sus hijos y los ocultó
de ella durante más de un año.
También
cabe destacar que, en abril del 2003, el jefe Brame de la
policía de Tacoma le disparó y asesinó
a su propia esposa enfrente de sus dos hijos.
La falacia
de evadir el sistema de justicia criminal. Si eres una
defensora o defensor de víctimas que está
leyendo esto, podría parecerte absurdo que insistamos
en que la respuesta del sistema de justicia criminal es
esencial para detener la violencia contra las mujeres. Sin
embargo, hay muchas mujeres en el movimiento contra la violencia
hacia las mujeres que se sienten tan disgustadas por el
sexismo, el racismo y todos los demás abusos de poder
por parte del sistema, que desesperadamente están
buscando formas de evadirlo por completo. Ellas señalan
no sólo el manejo inapropiado de la violencia contra
las mujeres por parte del sistema, sino también las
persistentes violaciones de éste a los derechos de
los acusados, en especial los abusos contra acusados de
color. Y sus argumentos son válidos, sin lugar a
dudas. El sistema de justicia criminal, quizás más
que cualquier otra entidad pública, abusa de sus
poderes en una forma altamente discriminatoria y, de hecho,
con frecuencia utiliza activamente sus inmensos poderes
para reforzar las desigualdades y las injusticias existentes
en el orden social.
Aun así,
desviar las energías de las mujeres para alejarlas
del sistema de justicia criminal sería tan absurdo
como aconsejarle a una comunidad minoritaria que no llame
a los bomberos porque el actual cuerpo de bomberos responde
en maneras racistas. ¿Cuál solución
alternativa podríamos crear que ofrezca una respuesta
efectiva a la una de la mañana, cuando una mujer
tiene un cuchillo empuñado contra su cuello? ¿Quién
va a investigar cuando el perpetrador diga que ella inició
la pelea y él sólo actuaba en defensa propia?
¿Quién invertirá en el equipo, la capacitación
y los salarios que se requieren para responder a millones
de estos casos? Y si el perpetrador promete mantenerse alejado
de la casa, ¿con qué autoridad vamos a detenerlo
cuando rompa su promesa?
Y por puro deseo
de argüir, si creáramos tal sistema, ¿existe
alguna duda de que el actual sistema de las fuerzas de seguridad
no se quedará cruzado de brazos? Por supuesto, las
fuerzas de seguridad empezarían a arrestar a integrantes
de nuestro sistema alternativo en el momento mismo en que
nos movilizáramos para restringir la libertad de
un perpetrador. ¿No nos lleva esto inevitablemente
de vuelta a la confrontación con el actual sistema
de justicia que, para empezar, queríamos evadir?
Entonces, ¿qué
hacemos? ¿Les pediremos a los millones de mujeres
que ahora llaman a la policía para obtener seguridad
que renuncien a su vivienda y vayan a un albergue? ¿También
a sus hijas e hijos? ¿Y por cuánto tiempo?
Además, ¿permitiremos que los perpetradores
violentos anden sueltos? ¿Para que encuentren más
víctimas?
¿Y qué
hay de la justicia? ¿Vamos a decir, "bueno,
a esa mujer le habrán dado una soberana golpiza,
pero mientras esté segura, no necesita justicia"?
¿Diremos que primero debemos poner fin a todos los
abusos del sistema de justicia contra un hombre acusado,
antes que exigir justicia para las mujeres? ¿O creamos
un sistema de justicia alternativo así como un sistema
alternativo de respuesta inmediata?
¿O bien,
para empezar, vamos a prevenir que esta violencia ocurra?
¿Con educación? ¿Y cuántas mujeres
dejaremos morir antes de que la educación preventiva
se arraigue y tenga éxito? Y ya que la mayoría
de varones adolescentes ejercen la violencia después
de crecer en hogares violentos, ¿acaso no es detener
la actual violencia contra las mujeres la primera prioridad
de cualquier programa de prevención exitoso? ¿No
nos lleva eso de vuelta al dilema original? ¿Quién
va a intervenir para detener la actual violencia que hoy
en día está devastando las vidas de millones
de mujeres? ¿Qué bien hace decirles a los
niños y las niñas que no jueguen con fósforos
cuando hay un salvaje incendio a su alrededor y los bomberos
no se mueven?
Toma apenas algunos
minutos de reflexión darnos cuenta que, cuando se
trata de intervenir en la rampante violencia contra las
mujeres que existe en la actualidad, el sistema de justicia
criminal, que está exclusivamente autorizado y facultado
por el estado, es tan crucial e irreemplazable como lo es
el cuerpo de bomberos para combatir incendios. Pero vale
la pena hacer el ejercicio mental aun cuando sólo
sea para desterrar de una vez por todas la tentación
de renunciar a tratar con el sistema de justicia criminal.
Es cierto que este sistema está permeado de abusos.
Y también lo es que tales abusos pueden fácilmente
poner en peligro a las víctimas y revictimizarlas,
así como victimizar a los acusados. Pero ésta
es una razón más por la que necesitamos encarar
de frente al sistema para transformarlo en uno que responda
de manera adecuada, equitativa y pareja.
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