La falta de solidaridad y de compromiso con las personas refugiadas contribuye al incremento de la violencia en las rutas y una vez más, mujeres y niñas son las más perjudicadas

Madrid, 27 julio 2017, Amecopress. El 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Diversas ONG llevan años exigiendo la aprobación de una Ley Integral que obligue al cumplimiento de aspectos fundamentales que hoy solo son recomendaciones para las autoridades. Las organizaciones denuncian que se siga abordando como un problema de extranjería –y más concretamente de persecución de la inmigración ilegal- y no desde el enfoque de derechos humanos, y que se sostengan estereotipos que dificultan la lucha contra diversas formas de explotación. A ello se suma que la falta de solidaridad y de compromiso con las personas refugiadas está contribuyendo a incrementar la violencia en las rutas y una vez más, mujeres y niñas son las más perjudicadas.
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“El punto central de todo estudio de la trata debe ser el reconocimiento de que vulnera numerosos derechos humanos”, afirma Teresa Fernández, abogada especializada en temas de trata de la organización Women’s Link. “Además, hay que tener en cuenta que la trata constituye una forma violencia de género y, por tanto, es una forma de discriminación por género prohibida por la normativa internacional, regional y nacional”.

Teresa es autora, junto Carmen Miguel Juan, de un artículo titulado ‘La judicatura como garantía de protección de los derechos humanos de las víctimas de trata’, en el que argumentan cómo el enfoque de derechos humanos supone para los Estados que el epicentro de su respuesta radique en los derechos humanos de las mujeres y niñas que puedan o estén siendo explotadas, en su protección y asistencia. Así, las víctimas de trata deben de ser consideradas como sujetos y titulares de derechos y no como meros instrumentos para el correcto desarrollo del procedimiento penal o como inmigrantes en situación irregular.

Asumir este punto de vista implicaría que todas las medidas que se tomen deberían de ser sensibles al género, es decir, tener en cuenta el distinto impacto que tienen las normativas y medidas contra la trata en hombres y mujeres. Una respuesta integral por parte del Estado requiere también que se incluyan acciones específicas que garanticen los derechos de las niñas y niños quienes tienen derecho a medidas especiales de protección en razón de su condición de menores. Según datos de la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la trata de seres humanos, el 80% de las víctimas de trata son mujeres, de las cuales un 12% son niñas y, en relación con la trata para la explotación sexual, el 96% son mujeres: de ahí la necesidad de abordar este fenómeno desde una perspectiva de género y de infancia.

Sin embargo, los derechos consagrados en nuestra legislación no siempre se cumplen. Existen casos denunciados por Women’s Link que ponen en evidencia las debilidades de un sistema en el que una vez más, las mujeres son las mayores perjudicadas, mucho más si son inmigrantes y pobres

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