El anuncio llegó a mitad del juicio, tras la conclusión del dramático testimonio de Sara Rubio Hernández, quien detalló los más de 20 intentos de su hija, María Teresa Macías, por conseguir ayuda para controlar a su esposo, Avelino, de quien estaba separada.

Rubio Hernández describió los reportes que en repetidas ocasiones su hija presentó al Departamento del Alguacil acerca de los múltiples crímenes de Avelino, incluidos sus ataques sexuales contra María Teresa y sus hijos, su acecho constante y obsesivo, sus repetidas amenazas de matar y las violaciones a las órdenes de restricción. El Departamento del Alguacil no arrestó ni una sola vez a Avelino Macías. El 15 de abril de 1996, luego de que los agentes de policía ignoraran los más de 20 reportes hechos por María Teresa en sus últimos meses de vida, Avelino finalmente la asesinó a balazos, y luego le disparó a la madre de ella, Sara, dejándola gravemente herida.

Esta trascendental demanda federal de derechos civiles, entablada en octubre de 1996, alegaba que el Departamento del Alguacil del Condado de Sonoma violó el derecho constitucional de María Teresa a recibir protección legal igualitaria. Un dictamen de julio del 2000 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso Macías estableció, por primera vez y en un lenguaje inequívoco, el derecho de las mujeres a demandar legalmente a las fuerzas de seguridad cuando éstas no actúan para protegerlas.

Acerca del testimonio de hoy y del histórico pago por daños, Sara Rubio Hernández dijo: "He cumplido el deseo de mi hija”. Poco tiempo antes de su muerte, María Teresa le había dicho a su madre: “Si yo muero, quiero que le digas al mundo lo que me ocurrió a mí. No quiero que otras mujeres sufran lo que estoy sufriendo. Quiero que se las escuche".

El arreglo monetario envía un potente mensaje a las fuerzas de seguridad en todo el país: que no pueden continuar ignorando impunemente a las víctimas de violencia doméstica. Y también envía un fuerte mensaje a las mujeres en cualquier lugar: que tienen el derecho constitucional a responsabilizar a las fuerzas de seguridad cuando éstas se rehúsan a actuar

All rights reserved © 2010 by Woman's Justice Center
Web site by S. Henry Wild