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SRPD: Se necesitan mas remedios, 13 de Septiembre, 2001

13 de septiembre del 2001

Michael Dunbaugh, Jefe del Departamento de Policía
de Santa Rosa
y Miembros del Concejo Municipal de Santa Rosa
Santa Rosa, CA

Jefe Michael Dunbaugh y Miembros del Concejo
Municipal de Santa Rosa,

Recibimos la carta del jefe Dunbaugh fechada 5 de septiembre, en la cual describe los remedios propuestos por el Departamento de Policía para prevenir futuros malos manejos de llamadas relacionadas con violencia doméstica. También recibimos la descripción adjunta de la capacitación en violencia doméstica de cuatro horas de duración que ha sido planificada para oficiales, así como una carta del 11 de septiembre en referencia al establecimiento de una entidad de servicios para víctimas propuesto por el DPSR.

Apreciamos el extenso trabajo realizado por el Departamento en el desarrollo de estos remedios, las reuniones de grupo de trabajo sobre el uso de la Línea de Idiomas por parte de oficiales y su elaboración de un formulario para encuestas a víctimas, así como el detalle de la descripción de la capacitación. También valoramos la abierta comunicación a lo largo de este proceso de un año de duración.

A la vez, si bien los remedies propuestos deberían resultar efectivos para mejorar algunas áreas del problema, existen otras áreas muy críticas de los problemas que, en nuestra opinión, no han sido adecuadamente enfocadas. Las describimos abajo.

Adicionalmente, deseamos enfatizar que la única medida real de éxito será el fin del flujo de graves quejas acerca del manejo, por parte del Departamento, de los casos de violencia contra mujeres, niñas y niños. A pesar de que han transcurrido más de dos años de llevar numerosas de estas quejas a la atención del Departamento, en los últimos seis meses hemos recibido más quejas acerca de la seria mala conducta policial de las que recibimos en el mismo periodo el año pasado. La situación sigue siendo urgente y alarmante. La abrumadora mayoría de casos de violencia contra mujeres que atendemos y que involucran al DPSR continúa siendo manejada deficientemente por el Departamento, lo cual pone en peligro a las víctimas y a la comunidad, además que viola los derechos constitucionales fundamentales de las víctimas a recibir la protección igualitaria de las leyes.

Los vacíos que observamos en los remedios propuestos son los siguientes:

1. En el Departamento de Policía de Santa Rosa debería emitirse inmediatamente una orden que mande que en todos los casos de violación, violencia doméstica y abuso sexual que involucren a personas que no hablan inglés y en los que no esté disponible un oficial plenamente bilingüe para atender la llamada, el oficial o los oficiales que responden a ésta usen la Línea de Idiomas para entrevistar a las principales partes.

A principios de junio recibimos una llamada de una víctima monolingüe hispanohablante, madre de cinco niños, todos menores de siete años de edad. Ella nos dijo que su esposo no le había permitido salir de la casa durante meses, que a menudo la dejaba a ella y a sus hijos sin alimentos ni dinero, y que él la había convencido de que ella no tenía derechos. Dijo que estaba viviendo como prisionera en su hogar. Cuando le preguntamos si alguna vez había llamado a la policía, me informó que había llamado al 911 unas tres semanas antes y que ninguno de los cuatro oficiales del DPSR que llegaron a su casa hablaba español, no podían comunicarse con ella, ni entenderla, y que en ningún momento siquiera sugirieron proveerle un intérprete. Agregó que los oficiales sólo hablaron con su esposo, quien habla inglés. Dijo que ellos se rieron con su esposo y luego se retiraron. Los oficiales no escribieron un reporte. Ella dijo relató, cuando se fueron, perdió la voluntad para luchar.

Adjuntamos la declaración de esta mujer acerca del efecto de ese encuentro con el DPSR.

Aunque el jefe Dunbaugh recientemente validó la queja ante la víctima, el punto que queremos resaltar es que existe una serie de asuntos acerca de este caso que subrayan la urgencia de ordenar inmediatamente que el uso de la Línea de Idiomas por parte de los oficiales. El hecho de que este caso ocurra después de dos años de haber empezado a llevar casos como éste a la atención de ustedes, después de dos años de promesas en el sentido de que esto ya no ocurre ni ocurrirá, después de memorándums a oficiales, de reuniones del grupo de trabajo y de encuestas a oficiales dedicadas a este mismo problema, todas estas cosas apuntan de manera alarmante a la necesidad de una orden inmediata. Además, el hecho de que este caso haya involucrado a cuatro oficiales y que ninguno de ellos haya ofrecido llamar a la Línea de Idiomas destaca aún más esa necesidad.

Adicionalmente, durante la reunión del 12 de septiembre dedicada a concluir el desarrollo de una entrevista de control de calidad a la víctima, al sargento Schwedhelm, jefe de la unidad de crímenes sexuales y violencia doméstica, se le preguntó cómo se realizarían estas entrevistas con víctimas hispanohablantes. El sargento Schwedhelm respondió: "Por el momento vamos a prescindir de ellas" y explicó que era muy difícil concertar las entrevistas. Y a pesar de que nuestra representante, Stephanie Serra, y una representante de United Against Sexual Assault continuaron presionando a Schwedhelm acerca de la inaceptabilidad de "prescindir" de las víctimas hispanohablantes, él siguió argumentando de manera insistente que no había recursos disponibles para entrevistar a víctimas hispanohablantes, al parecer totalmente inconsciente sobre el descarado despliegue de discriminación e insensibilidad que estaba manifestando. La defensora de YWCA, Nadine Reyes, abogó, en forma igualmente vigorosa, por excluir a las víctimas hispanohablantes, y ambos sellaron así la decisión por dicha exclusión.

Dado que la principal queja que hemos llevado a la atención de ustedes durante más de dos años ha sido la desconsideración del DPSR hacia las víctimas hispanohablantes, la insistente insensibilidad de Schwedhelm es, en sí misma, motivo de alarma suficiente para emitir una orden general inmediata. La diseminada y aparentemente impenetrable indiferencia de tantos en el Departamento en asuntos de racismo, sexismo y sus obligaciones constitucionales de proveer protección igualitaria, significa que la única forma de asegurar una conducta policial apropiada es ordenarla.

Igualmente perturbador es el hecho de que cuatro oficiales que respondieron al caso arriba citado, que han jurado servir y proteger, se hayan retirado de esa casa donde se encontraban cinco niños menores de siete años, confiando completamente en la historia del esposo, sabiendo que la mujer había llamado al 911 para pedir ayuda porque su esposo estaba furioso, y habiendo visto una orden de restricción (expirada) que ella había obtenido previamente contra el marido. Esto subraya la necesidad no sólo de una orden general inmediata que mande el uso de la Línea de Idiomas, sino también de remediar un problema mucho más arraigado. El problema es que a los oficiales no les importó lo suficiente averiguar por qué la mujer necesitaba ayuda, ni les importó lo que pudiera ocurrirles a ella y a sus pequeños hijos cuando ellos dieran la vuelta y se retiraran. Tampoco se molestaron en escribir un reporte, tal como lo exige la ley.

2. Los remedios descritos en la carta del jefe Dunbaugh no enfocan, o enfocan sólo tangencialmente, lo que, según muestran muchos casos, es un pernicioso y recurrente sesgo, un desprecio y una actitud de "no me importa" exhibidos por demasiados oficiales del DPSR hacia mujeres, hacia latinas y hacia mujeres víctimas de violencia. La capacitación en violencia doméstica que ha sido propuesta será muy beneficiosa para aquellos oficiales que honran su obligación de tratar a las personas en forma igualitaria y con respeto, pero las capacitaciones sobre procedimientos tendrán poco efecto en aquellos oficiales y personal que se sienten libres de abusar de las víctimas y ponerlas en peligro por desprecio o desconsideración, tal como ha sido el problema en muchos casos que hemos llevado a la atención de ustedes y como lo denotan el caso arriba citado y el más reciente que se describe a continuación.

A principios de julio, una víctima de violencia doméstica llamó al 911 después de que su agresor profirió una amenaza a la amiga de ella en el sentido de que él iría a buscar una escopeta para la víctima y el hijo de ésta. Esto ocurrió luego de que el DPSR chapuceara dos incidentes previos, en las dos semanas anteriores: uno en el cual el mismo perpetrador había estrangulado a la víctima y el otro en el cual el perpetrador había violado una orden de restricción de emergencia. Para cuando tuvo lugar este nuevo incidente de amenazas, ya habíamos presentado quejas a oficiales de alto nivel acerca del muy deficiente manejo de los dos incidentes previos, el hecho de no haber tomado las declaraciones de los testigos en el primero, y el no haber escrito un reporte ni haber llevado a cabo el arresto obligatorio en el segundo.

El oficial Lefwich respondió a la llamada por las amenazas. La víctima le pidió que escribiera un reporte y el oficial Lefwich inmediatamente le dijo a la víctima que él no lo haría. Pronto llegaron otras dos personas adultas, quienes confirmaron lo que ocurrió seguidamente. Por favor tengan en mente que ha transcurrido más de una década desde que, según la ley de California (Código Penal 13730), es obligatorio que los oficiales escriban un reporte de todos los incidentes relacionados con violencia doméstica.

De acuerdo con la víctima y las dos personas testigas:

• Mientras la víctima le rogaba repetidamente al oficial Lefwich que escribiera un reporte, durante diez minutos él insistió en que no lo haría, dando todo tipo de excusas: "Aquí no hay un crimen", "¿Qué sentido tiene, si de todos modos nadie va a leer el reporte?", "Es demasiado papeleo", "¿Usted quiere que escriba un reporte sólo para complacerla?"... Cuando la víctima le preguntó, "¿No puede usted escribir algún tipo de reporte, una nota, algo por escrito?", Lefwich dijo que él tenía "demasiadas otras cosas que hacer".
• La víctima, quien ha estado viviendo con temor a este perpetrador (quien, por cierto, es requerido en el estado de Washington por haberse escapado de su sentencia por crímenes sexuales) y que ha vivido con frustración por los chapuceos de la policía, empezó a llorar. Bajó la cabeza, se rindió y finalmente le dijo a Lefwich que "lo olvidara". De acuerdo con la víctima y las personas testigas, fue en ese momento que Lefwich empezó a hostigarla. La tomó del brazo y le dijo repetidamente, "Míreme, tiene que mirarme y escucharme". Lefwich continuó hostigando a la víctima, diciendo que ella tenía que comprender la ley, la forma en que las cosas funcionaban y que él no iba a escribir un reporte.
• Según la versión de todas las personas, Lefwich fue sarcástico, condescendiente y hostigador con la víctima. Una de las personas presentes dijo, "Me sorprendió. Me enfermó".

Un par de días después de que la víctima nos relató este incidente, le sugerí que fuera a la estación de policía para averiguar si un reporte había sido escrito y obtener una copia de éste, si es que uno existía. (Las víctimas de violencia doméstica tienen el derecho estatutario a obtener una copia del reporte, según la Sección 6228 del Código de Familia, una ley respecto a la cual hemos tenido que pelear concienzuda y repetidamente con el DPSR desde que fue aprobada hace dos años.)

Dos horas después de que habláramos con la víctima, ella llegó a nuestra oficina visiblemente perturbada y al borde del llanto. Dijo que la persona que la atendió en el DPSR discutió con ella acerca de la obtención del reporte. Cuando la víctima insistió en que tenía el derecho al reporte, esa persona se ausentó por varios minutos, regresó y le entregó una copia del reporte que esa persona había maliciosamente tachado con un marcador de principio a fin. Adjuntamos una copia de ese reporte, tal como le fue entregado a la víctima.

Este reporte, aunque ciertamente no la conducta más atroz que hemos observado, es una clara y visible manifestación de la hostilidad descontrolada y de la malvada animosidad que las víctimas de violación y violencia doméstica han estado encontrando durante años cuando acuden a la policía de Santa Rosa para recibir ayuda. ¡Imaginen ustedes cómo eso hace sentir! ¡Comprendan que esto no se corrige con capacitación!

Tal como la víctima nos dijo una y otra vez, "Si en mi empleo yo tratara a las personas de la manera en que la policía de Santa Rosa trata a la gente, me despedirían inmediatamente". Coincidimos totalmente en que el despido, y no la capacitación, es el único remedio para estos tipos de abusos contra las víctimas.

3. No existe todavía un medio efectivo ni un plan para crear un mecanismo eficiente que permita a una persona residente en Santa Rosa presentar una queja contra el Departamento de Policía y que esa queja sea investigada justamente. Nosotras ya les demostramos a ustedes, en nuestra carta del 1 de enero, las maneras en que la policía esquiva, engaña, defiende y disimula cuando responde a las quejas de las víctimas, y ello aun cuando la queja es presentada por una agencia experimentada en estos casos. Ha habido sólo algunos casos, entre muchos, en los que sentimos que el Departamento dio más energía a una honesta investigación de la que invirtió en defenderse y engañar.

Una ciudadana o un ciudadano corriente que presenta una queja no conoce los vericuetos de la ley y de las políticas; no sabe cómo investigar, preparar evidencias, tomar declaraciones de testigos, conseguir documentos públicos o recopilar reportes efectivos de su propia queja, y luego combatir los inevitables engaños y negativas de la policía. Esa persona, sin asistencia alguna, no tiene la menor probabilidad de que su queja sea escuchada e investigada justamente.

Nosotras, que somos muy experimentadas en estos asuntos, ya llevamos más de dos años y más de 30 quejas graves en este proceso con el DPSR, y las víctimas de crímenes violentos de gran seriedad todavía están siendo maltratadas por la policía. El problema ni siquiera empieza a resolverse.

La sola tarea de conseguir que, para empezar, esta situación sea tomada seriamente ha desgastado a nuestra organización durante más de dos años. En cualquiera de estos casos, generalmente somos nosotras mismas quienes tenemos que investigar la queja, recopilar los documentos, hacer las entrevistas, obtener las declaraciones de testigos, escribir la queja, reparar el inmenso daño infligido a una víctima ya severamente traumatizada, realizar esfuerzos sobrehumanos para garantizar su seguridad pues la policía es incapaz de hacerlo, perseguir a la policía para que vuelva a hacer el caso, organizar una u otra forma de visibilidad pública, y luego rebatir el inevitable muro de defensas. Y no hemos llevado a la atención de ustedes siquiera una fracción de los casos problemáticos. Nos está empezando a resultar difícil mantener un registro apropiado de todos estos abusos.

Ustedes son sin duda totalmente conscientes de que no hay manera que una persona común y corriente en Santa Rosa pueda pasar por este proceso y conseguir una resolución justa a su queja. Ustedes también deben comprender que ésta es la razón por la que, de entrada, las cosas se ponen tan terriblemente mal con la policía. La policía encubre quejas, las cosas empeoran y la policía encubre más quejas. Luego, ustedes tienen la situación que tienen ahora. Como lo hemos dicho desde el principio, ustedes deben proveer un mecanismo independiente para manejar las quejas de la ciudadanía contra la policía.

4. Erradamente, el DPSR ha descartado de la agenda casos de violación y otros crímenes sexuales. Repetidamente la policía se ha negado a mantener los crímenes sexuales en las discusiones, pese a nuestras objeciones y a pesar de que el deficiente manejo de los crímenes sexuales ha sido una parte medular de nuestras quejas. Imaginen ustedes el grado de dificultades que las víctimas encuentran al reportar crímenes sexuales a la policía. Lo más triste es que las víctimas de violación son tan conscientes de que no obtendrán justicia, que sólo una de cada seis víctimas de violación decide reportar el crimen a la policía.

5. Los Servicios para Víctimas deben ser completamente independientes del control de la policía. Hoy recibimos del jefe Dunbaugh una descripción de la propuesta del Departamento que busca establecer una unidad de servicios para víctimas. Es la primera vez que hemos sabido sobre este plan y lo objetamos fuertemente, tanto en general como en sus particularidades.

Una adecuada respuesta de las fuerzas del orden es el factor más importante para que una mujer se libere de la violencia, obtenga su seguridad y abrirse paso hacia la justicia. Ningún otro sector de la sociedad tiene la autoridad o el poder para poner al perpetrador bajo control. Se puede tratar estos casos hasta el cansancio con trabajo social, pero sin una apropiada respuesta de las fuerzas del orden la mayoría de las víctimas será condenada a permanecer atrapada en la violencia.

A la vez, la cultura de las fuerzas del orden está mal equipada y mal reclutada para esta tarea. A la mayoría de oficiales no les gusta manejar estos casos, no quieren atenderlos, y las víctimas carecen de medios legales para responsabilizar a las fuerzas del orden cuando la policía no quiere atender sus casos. Es una cultura policial que ni siquiera ha aprendido a trabajar junto a las mujeres, mucho menos a actuar en nombre de ellas. Al menos 12 oficiales mujeres en los últimos tres años se han retirado del Departamento, un Departamento que, entre un personal de 160, apenas tiene unas 15 oficiales mujeres en cualquier momento y que nunca a tenido una mujer en un cargo de alto nivel.

En este momento, una vigorosa abogacía pública por parte de defensoras o defensores es el único remedio con que cuenta una víctima para ayudarla a obtener una protección apropiada por parte de las fuerzas del orden. Es una obvia burla el que a la policía se le otorgo cada vez más control sobre los servicios para víctimas. Es un profundo conflicto de intereses que sabotea significativamente la capacidad de defensoras y defensores para luchar por los derechos de las víctimas en el sistema de justicia criminal.

En el condado de Sonoma, durante años, los jefes de policía han tenido poder de veto sobre los subsidios gubernamentales destinados a servicios para víctimas y, de hecho, han utilizado ese poder represivamente para destruir la efectiva defensa pública de las víctimas en el condado. El efecto está a la vista. Las y los así llamados defensores de víctimas se han involucrado en una relación de médico-enfermera con la policía. Para empeorar las cosas, en los últimos años hay defensoras y defensores de víctimas que tienen sus oficinas adentro del Departamento de Policía. ¿Y ahora será el jefe Dunbaugh quien integre una unidad de servicios para víctimas?

Millones de dólares de fondos gubernamentales están fluyendo hacia los servicios para víctimas en el condado de Sonoma. Pero quienes los reciben están contractualmente bajo el control de la policía. Ustedes deben saber que nunca se habrían enterado de estos peligrosos deterioros en la respuesta del DPSR a mujeres, niñas y niños si no fuera por el hecho de que nosotras somos totalmente independientes del control policial. Y no habrían surgido las correcciones que ahora están siendo planificadas. Como mínimo, el Concejo debe actual para mantener los servicios para víctimas fuera del control del jefe de la policía.

Gracias por su atención.

Atentamente,