Pocas
dudas caben acerca de quién lanzó, el 17 de julio de 1999, el
disparo que puso fin a la vida de Jackie Anderson. Raras veces
las hay en un homicidio por violencia doméstica. Pero, una vez
más, aquéllos que pavimentaron el camino para el asesinato de
Jackie, al igual que quienes facilitan los homicidios de tantas
mujeres, han escapado bajo la complicidad de la ley y el orden.
No se requiere escarbar
mucho para develar la serie de injusticias que le dieron a David
Anderson luz verde para perpetrar su violencia contra Jackie desde
1992. Las débiles investigaciones, la falta de protección, los
menores cargos imputados al agresor y las negociaciones a su favor
están a la vista en los registros públicos, si tan sólo alguien
quisiera consultarlos. Y escondido un poco más profundamente en
la transcripción de una audiencia de rutina se encuentra el momento
que selló el destino de Jackie: el ejemplo de un día de diversión
en la corte, adornado con un desprecio mortal hacia las mujeres.
Ocurrió tres semanas
antes del asesinato de Jackie, cuando la oficina del fiscal de
distrito del condado de Mendocino revisó el más reciente informe
criminal de violencia doméstica contra David Anderson. El informe
criminal del departamento del alguacil recomendó que el fiscal
de distrito le imputara al agresor tres cargos por felonía: violencia
doméstica, falso encarcelamiento y amenazas terroristas. Pero
el asistente del fiscal, notando que David Anderson ya estaba
en libertad bajo palabra por dos crímenes previos, escogió la
salida más fácil. Al simplemente imputarle a Anderson violaciones
a la libertad bajo palabra, el trabajo de procesar la violencia
contra Jackie y el esfuerzo de lidiar con una víctima podían ser
evitados. Las víctimas, al parecer, son un estorbo para el estilo
de este abogado.
Sin
embargo, aun con este enfoque de un mero golpecito en la mano,
el fiscal de distrito todavía tenía la oportunidad de proteger
la vida de Jackie Anderson. En una audiencia por violación a la
libertad de palabra, una sencilla solicitud de parte del fiscal
habría retenido a David en la cárcel sin posibilidad de salir
bajo fianza. Pero ¡miren lo que ocurrió!
El 2 de julio, después
de algunos planteamientos preliminares en el arresto por violación
de la libertad bajo palabra, el abogado defensor Schlosser preguntó
al oficial de libertad bajo palabra, Cropp: "¿Han tenido ustedes
la oportunidad de trabajar en este caso?"
Cropp respondió: "Nos
oponemos vehementemente a liberarlo en este momento".
La Corte (juez Ronald
Brown): "No he escuchado el término 'vehementemente' por algún
tiempo".
El defensor Schlosser:
"No creo que él sepa lo que significa".
El oficial Cropp: "Aprendí
a deletrearlo esta mañana".
Ésa
fue la totalidad del argumento para la seguridad de Jackie. El
juez ordenó una baja fianza y, teniendo que pagar sólo $256, David
Anderson fue liberado. Dos semanas después, el 17 de julio de
1999, Jackie Anderson estaba muerta y sus tres niños quedaron
huérfanos de madre de por vida.
Lo que ocurrió en la
corte el 2 de julio no fue ni accidental ni una mala jugada del
destino. Tampoco se trató del error de un solo hombre. Fue la
desconsideración que inevitablemente permea a un sistema cuando
la violencia doméstica no es tomada con seriedad y las vidas de
las mujeres no importan.
El oficial Cropp conocía
los antecedentes de David Anderson y sabía lo que se necesitaba
hacer. Hasta pronunció las palabras en la corte. Pero cuando sus
palabras fueron convertidas en un juego, Cropp inmediatamente
olvidó a Jackie y se unió a la diversión. El juez Brown también
conocía los antecedentes de violencia doméstica de David: los
tenía frente a sus narices y, de hecho, se refirió a éstos durante
los procedimientos. Además, cuando el oficial Cropp declaró que
se oponía "vehementemente" a la liberación del agresor, fue el
juez Brown quien ignoró la gravedad y, por el contrario, inició
el chiste.
Y ¿qué puede decirse
del asistente del fiscal de distrito, Richard Martin? Al igual
que en todos los procedimientos de este tipo, el asistente del
fiscal tenía la responsabilidad primordial de argumentar a favor
de Jackie y de la protección de la comunidad. Durante los procedimientos,
Martin no abrió la boca una sola vez al respecto.
Al
inicio del tercer milenio, es bien sabido que una firme respuesta
de la justicia criminal a la violencia doméstica es el único mecanismo
comprobado para prevenir un homicidio por violencia doméstica,
y para prevenirlo adecuadamente. Las ciudades donde las autoridades
judiciales y las cortes han dado a estos crímenes la seriedad
que ameritan, han reducido hasta en un 60 por ciento sus tasas
de homicidios por violencia doméstica. Aquellos oficiales que
deniegan justicia a las mujeres son tan culpables, con conocimiento
de causa, de las muertes de ellas como lo es el médico que le
niega penicilina a un paciente afectado por neumonía.
En las semanas tras
el asesinato de Jackie y antes de que obtuviéramos la transcripción
de la audiencia, el fiscal de distrito del condado de Mendocino,
Norm Vroman, habló por la radio y le aseguró a la comunidad que
su oficina siempre demanda elevadas fianzas en estas situaciones.
El fiscal de distrito Norm Vroman mintió. Y cuando los reporteros
le preguntaron por qué no había imputado cargos por violencia
doméstica en el más reciente informe criminal, el fiscal de distrito
Norm Vroman respondió que las evidencias eran insuficientes. El
fiscal de distrito mintió de nuevo. El informe policial muestra
que existían más que suficientes evidencias para los tres cargos
recomendados. Al igual que cualquier otro común perpetrador consciente
de su culpa, el fiscal de distrito mintió para encubrir sus actos.
Cuando
las mujeres son asesinadas en una comunidad, se debe leer los
registros públicos y hablar con la familia y amistades de la víctima.
Es necesario exponer la trayectoria de la complicidad en el sistema
de justicia criminal que conduce directamente a tantos homicidios
de mujeres. Y se debe obligar a responder a los oficiales culpables
de esta complicidad.
Se
autoriza copiar y distribuir esta información siempre y
cuando el crédito y el texto se mantengan intactos.
Reservados © todos los derechos, Marie De Santis,
Women's Justice Center,
www.justicewomen.com
rdjustice@monitor.net
Traduccion por Laura E. Asturias / Guatemala
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