Una victoria laboral del 12 de octubre del 2004 para oficiales de libertad condicional del condado de Sonoma les libera de la 'esclavitud de las traducciones' y envía un abrupto llamado de alerta a cada funcionario público.

Durante décadas, los funcionarios de los condados han cerrado sus ojos frente a la creciente población latina en cada condado y se han tapado las orejas para no escuchar los pedidos de ayuda de su propio personal bilingüe. La victoria legal del 12 de octubre afirma el derecho de las y los oficiales a optar por no recibir el pago adicional o bono para traducciones y a dejar de traducir a solicitud. Sin duda alguna, esta victoria enviará fuertes oleadas a través de otras agencias públicas, donde el descontento entre el personal bilingüe ha estado aumentando por años.

En el Centro de Justicia para Mujeres, donde observamos que nuestras clientas ven impedido su acceso a servicios de emergencia debido a la negativa de las agencias de todo nivel a eliminar apropiadamente la barrera del lenguaje, esperamos que esta victoria por fin fuerce al condado a cumplir sus obligaciones legales hacia la comunidad que no habla inglés - no explotando a un par de oficiales bilingües que lo manejan todo, ni con el continuo desdén de fingir que el problema no existe, sino creando por fin la infraestructura bilingüe de servicios integrales y completos que la ley exige.

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En una disputa laboral que ha aumentado marcadamente en el último año, oficiales de libertad condicional del condado de Sonoma afirman sentirse "abrumados" por las crecientes demandas diarias de traducir más allá de sus propias asignaciones de casos. La situación es tal que, según dicen, no pueden ocuparse de sus propios trabajos pues deben traducir en los casos del resto de oficiales, como también para el personal de oficina.

De 107 oficiales de libertad condicional juramentados en el condado de Sonoma, sólo cuatro están certificados como bilingües. Esto es absurdamente incongruente con nuestra población local, donde -de acuerdo con el Censo 2000 de los Estados Unidos- en uno de cada cinco hogares del condado se habla español. Al igual que la mayoría de agencias públicas en este condado, el Departamento de Libertad Condicional ha delegado en unos pocos oficiales bilingües la carga de satisfacer las necesidades de traducción.

Acuerdo de arreglo pone fin a la esclavitud
de las traducciones

El caso al que nos referimos empezó a empeorar hace un año, durante el otoño, cuando la Asociación de Oficiales de las Fuerzas de Seguridad del condado de Sonoma, que representa a las y los oficiales bilingües, se reunió con administradores de libertad condicional para transmitirles las quejas de las y los oficiales en el sentido de que eran abrumadoras las demandas de traducción que se les imponían. Los administradores prometieron reunirse con las y los oficiales, pero nunca lo hicieron.

En los meses siguientes, los administradores de libertad condicional continuaron ignorando las preocupaciones de las y los oficiales, como también sus sugerencias para un mejor manejo de las necesidades de traducción. El pasado febrero, la situación de las y los oficiales llegó a un punto insoportable. Así, firmaron una carta conjunta dirigida a la directora del Departamento de Libertad Condicional, Cora Guy, dándole un aviso con 30 días de anticipación en el cual renunciaban a su pago adicional por servicios de traducción (de $.95 por hora) e informándole que ya no traducirían a solicitud. La directora les escribió de vuelta ordenándoles continuar traduciendo - o enfrentarse a acciones disciplinarias que podrían incluir hasta el despido.

Fue después de esta abierta negativa de la directora que las y los oficiales bilingües, a través de su asociación, presentaron una queja por prácticas laborales injustas ante la Junta de Relaciones Laborales Públicas del estado de California, contra Cora Guy y otros administradores del condado.

El 12 de octubre del 2004, en respuesta a la revisión por la junta laboral, la cónsul y directora de Libertad Condicional del condado de Sonoma, Cora Guy, firmó un acuerdo de arreglo en el que se afirma el derecho de los oficiales bilingües a rehusarse a participar en programas de pago adicional para traducción que les obligan a traducir a solicitud. Aunque las y los oficiales aún deberán traducir la hora de la devolución de una llamada o la hora de una cita para personas que no hablan inglés, ya no se les podrá sacar de su propio trabajo, contra su voluntad, ni ordenárseles traducir para otros en "asuntos y explicaciones sustantivos o procedimentales".

La ignorancia en el condado de Sonoma

El problema general radica en una mera "ignorancia" del condado, afirma Shawn Dufosee, presidenta de la Asociación de Oficiales de las Fuerzas de Seguridad del condado de Sonoma, que representa a los oficiales en cuestión; "ignorancia" del condado acerca de las realidades de su propia población local, de sus obligaciones legales hacia las personas cuyo dominio del inglés es limitado y de cómo tratar apropiadamente a su personal bilingüe. La opinión de Dufosee es compartida por Carolyn López, representante del capítulo local 707 de la SEIU (Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios), que representa a aproximadamente 2,000 empleadas y empleados estatales en los campos de salud y servicios humanos. Según López, los administradores del condado hablan de la necesidad de intérpretes, "Hablan y hablan y siguen hablando de eso...". Y afirma que la forma en que hablan al respecto es "como si fuera una molestia".

La SEIU ha estado involucrada en una disputa paralela con el condado por demandas injustas de traducción a sus trabajadores. Hace más de un año, en septiembre del 2003, como parte de las negociaciones contractuales la SEIU ganó un acuerdo según el cual el condado establecería un comité bilingüe, a nivel de todo el condado, para atender las preocupaciones de las y los trabajadores bilingües.

Cada mañana, dice Dufosee, un trabajador o trabajadora bilingüe va a su empleo y luego, en forma rápida e impredecible, se le hala de un lado a otro a lo largo del día -cada día- a fin de que haga interpretación en los casos de sus colegas y para el personal de oficina. Al igual que la mayoría del personal bilingüe, las y los oficiales de libertad condicional se ven atrapados entre, por un lado, la necesidad de librarse de demandas laborales abusivas y, por el otro, el deseo de ayudar a una población latina que no recibe suficiente atención. Este personal bilingüe es, en su mayoría, latino. Han tratado de manejar el conflicto, pero el abuso de parte del condado llegó a tal extremo que las y los oficiales concluyeron que no estaban ayudando ni al público ni a sí mismos(as) al seguir tolerando la situación.

"A estos(as) oficiales se les contrató como oficiales de libertad condicional", dice Dufosee. "No son traductores ni personal de oficina. Quieren volver a realizar el trabajo de oficiales de libertad condicional que el público les paga por hacer". A fin de enfatizar los extremos del abuso, tanto Dufosee en las fuerzas de seguridad como López en salud y servicios humanos dicen que saben de oficiales y personal plenamente bilingües que han decidido "no declarar que son bilingües" para así evitar el rampante abuso que el condado hace de las habilidades bilingües de sus colegas.

Un problema que se ha cocinado por mucho tiempo

Aunque el acuerdo de arreglo del 12 de octubre con oficiales de libertad condicional constituye la primera vez que las y los oficiales del condado ganan una batalla legal para librarse de la obligación de traducir a demanda, no es la primera ocasión en que su sobrecarga de trabajo por estas exigencias se ha convertido en una abierta protesta. En 1995, cuando el subcomisario del condado de Sonoma Frank Trejo fue acribillado y asesinado, por lo menos 25 de las personas que habrían presenciado la balacera sólo hablaban español. Tuvieron que ser entrevistadas y grabadas, y luego las entrevistas grabadas en español debieron ser traducidas al inglés y transcritas.

Oficiales bilingües de todo el condado de Sonoma y fuera de éste fueron sacados de sus propios empleos y presionados a realizar esas tareas. Muchos meses después, algunos de estos oficiales bilingües aún pasaban días enteros traduciendo y transcribiendo las entrevistas grabadas. Algunos protestaron vehementemente porque la traducción y transcripción de grabaciones no figuraban en su descripción de puesto, y al menos uno de estos oficiales bilingües renunció a su empleo en señal de protesta.

¿Ignorancia o desdén?

De hecho, la lucha de las y los oficiales bilingües se da luego de más de una década de intentos por parte de la comunidad para presionar a los funcionarios públicos a que atiendan de manera apropiada las necesidades de traducción. La fractura este año en el Departamento de Libertad Condicional es apenas una de las actuales indicaciones de que la respuesta 'ignorante' de nuestro condado a la población latina más bien debería ser caracterizada como un flagrante desdén.

El 27 de octubre, el Press Democrat reportó sobre la completa destrucción de las y los oficiales de educación en el año de vida de los programas de educación bilingüe de Santa Rosa. Y el 28 de octubre el mismo diario informó acerca de una reunión de 260 personas latinas en Windsor, quienes protestaban debido a los constantes malos tratos que reciben de agentes de la Oficina del Alguacil que patrullan el área.

En respuesta a nuestras preguntas, a principios de noviembre, sobre los avances hacia un remedio, el subjefe de Libertad Condicional, Bob Ochs, dice: "No sé si tenemos planes específicos. Siempre estamos buscando maneras de servir mejor al público".

Este tipo de desdén por parte de administradores del condado ilustra a cabalidad por qué las necesidades de traducción en Sonoma se encuentran en un punto de quiebre.