Justicia criminal

Temor a llamar a la policía

Un obstáculo común y serio para la justicia para latinas víctimas de violación y violencia doméstica es, en primer lugar, el temor a pedir ayuda a la policía; temor de que la policía las reporte al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS); de que las autoridades pudieran quitarles a sus niños; de que no las entiendan; o, sencillamente, temor a la policía.

A veces, el temor puede ser superado con buena información, pero demasiado frecuentemente el miedo persiste y la mujer se ve marginada siquiera de la posibilidad de recibir ayuda. En este número de "Justicia" nos centramos en ese temor a llamar a la policía como un primer paso en la búsqueda de soluciones.

Los ejemplos de casos a continuación son de clientas del Centro de Justicia para Mujeres que han autorizado la publicación de sus historias a fin de que las cosas sean más fáciles para otras mujeres. Sus nombres han sido cambiados para protegerlas.

Temor a la deportación

Lupe nos llamó solamente después de que una amiga la presionó suficiente para que lo hiciera. Por el tono de su voz, era fácil notar que Lupe tenía tanto miedo de hablar con nosotras como lo tenía de hablar con la policía. Pero las golpizas que su marido le daba estaban aumentando y ella supo que debía hablar con alguien

Como en la mayoría de casos de violencia doméstica en los que una mujer no es ciudadana de los Estados Unidos, el esposo de Lupe la amenazaba diciéndole que si ella llamaba a la policía, ésta llamaría al INS y ella sería deportada. Le aseguramos que, siendo ella víctima de un crimen, ningún agente de policía del condado de Sonoma siquiera le preguntaría sobre su situación inmigratoria, y que si por casualidad de enteraban sobre ésta, aun así no la reportarían. Lupe no estaba segura. Entonces le dijimos que no sabíamos de un solo caso, en los últimos seis años, en el que la policía hubiera reportado al INS a una víctima de un crimen

Lupe todavía no estaba convencida. Nos dijo que había escuchado que la policía de Windsor y agentes del INS habían irrumpido, durante la noche, en la casa de una familia latina, sin orden de cateo, con armas en las manos, y que las personas habían sido sacadas de la casa. Tratamos de explicarle a Lupe que esto era diferente a una situación en la cual la víctima de un crimen pide ayuda a la policía. Pero no funcionó. La imagen vívida de la policía y el INS actuando como una fuerza era abrumadora. Lupe no fue capaz de pedir a la policía la ayuda que tanto necesitaba.

Un detalle especialmente revelador en la historia de Lupe es que, hace un año, cuando tuvo lugar esa redada de la policía y el INS en Windsor, ella aún no había llegado a los Estados Unidos. Aun la infrecuente participación de la policía en las redadas del INS provoca un terror tan perdurable entre inmigrantes que extingue durante mucho tiempo la confianza esencial que debe existir entre la comunidad y la policía.

Temor a perder a hijas e hijos

Aunque tenemos la confianza de poder convencer a las mujeres inmigrantes de que la policía no las reportará al INS, es una historia diferente cuando se trata de mitigar los temores existentes en la comunidad latina de que acudir a la policía para recibir ayuda represente que sus hijas e hijos les sean arrebatados. Trágicamente, esto ocurre con mucha frecuencia.

Una vez, cuando Andrea volvió a su casa del trabajo, le horrorizó descubrir que su pequeña hija tenía lastimaduras en el área vaginal. Inmediatamente llevó a la niña al médico, quien llamó a la policía. La policía le pidió a Andrea que llevara a su hija ese mismo día al Centro Infantil de Redwood (RCC) para que le practicaran un examen de violencia sexual.

En el RCC, una empleada que hablaba español le informó a Andrea que éste era el lugar donde retenían a niñas y niños que habían sido removidos de su hogar. "Es probable que también usted perderá a su hija", le dijo

"Yo no sabía qué hacer", dice Andrea. "Empecé a llorar. Quería tomar a mi hija y correr". La policía también le dijo a Andrea ese primer día que si no cooperaba, ellos podían llevarse a sus hijos. Esto, a pesar de que ella estaba cooperando plenamente.

Esta amenaza a las madres por parte de las autoridades, de "coopere o nos llevaremos a sus hijos" es común en casos de abuso infantil. Provoca terror en los corazones de las madres, madres que ya se sienten horrorizadas al descubrir el sospechado abuso. Peor aún -y más frecuentemente en el caso de latinas- es que estas amenazas demasiado a menudo son cumplidas.

Sandray su esposo habían estado criando a sus dos pequeños hijos en el condado de Sonoma. El año pasado, cuando se enteraron de que la hija del primer matrimonio de él estaba siendo abusada en México, decidieron traer a la niña a vivir con ellos.

Poco tiempo después de que la niña arribó, acusó a su padre de abusar sexualmente de ella. Aunque el esposo de Sandra fue arrestado y encarcelado y se emitió una orden que le prohibía establecer contacto alguno con sus hijos, el Servicio de Protección Infantil (CPS) solicitó que a la madre se le retirara la custodia de los tres niños. El CPS no formuló ninguna acusación contra la madre, aparte de decir que ella habría estado en la casa cuando el abuso supuestamente ocurrió a puerta cerrada con llave. Hoy, casi un año después, cuando todos los cargos contra el esposo han sido retirados, el CPS aún no le ha devuelto la custodia legal a la madre. En ningún momento ha externado el CPS alguna sospecha o acusación de conducta indebida contra la madre.

Defensores de víctimas en todo el país están observando que aumentan los casos de violencia doméstica, así como de abuso infantil, en los que a las madres se les retiran sus hijas e hijos, con el argumento de que el abuso o la violencia doméstica en sí es prueba de la incapacidad de la madre para protegerles. Esta culpabilización de la madre socava severamente su fortaleza justamente en el momento en que más la necesita. Los resultados pueden ser fatales, como ocurrió en el caso de María Teresa Macías.Maria Teresa Macias.

La cobertura de prensa sobre los fallos en el sistema que condujeron al homicidio de Teresa Macías por violencia doméstica en 1996, se centró principalmente en el Departamento de Policía. El papel del Servicio de Protección Infantil nunca salió totalmente a la luz, aunque estaba en igual necesidad de ser inspeccionado.

Un año antes de su muerte, Teresa reportó a las autoridades del condado que su esposo estaba abusando sexualmente de su hija menor. El detective asignado al caso nunca entrevistó a Teresa o a su esposo, y cinco semanas después aún no había dado seguimiento a una sola de las numerosas pistas en el caso. Durante ese tiempo, mientras Teresa esperaba ayuda, su esposo entró a la fuerza en su casa, amenazándola. En lugar de avanzar en la investigación, el condado tomó a los tres hijos de Teresa, acusándola de incapacidad para protegerles de su esposo.

Teresa estaba devastada por la pérdida de sus hijos, y luego más todavía por los mandatos del CPS. Con la ayuda de su madre, Teresa logró sacar a su esposo de la casa, pero no podían detener el incesante acecho de éste. Mientras el Departamento de Policía hacía caso omiso de sus súplicas de ayuda contra el acecho, el CPS le ordenó a Teresa ingresar en un programa de reunificación familiar que la obligaba a reunirse con su esposo si quería que le devolvieran a sus hijos. Aunque Teresa le rogó al CPS que pusiera fin a estas reuniones, el CPS insistió. Fue una trampa imposible que impedía que ella escapara de la estable escalada de su esposo hacia el asesinato.

Es difícil pensar en una política más destructiva que la de un sistema que se vuelca contra las madres que le piden ayuda. Aunque mujeres de todos los segmentos de la comunidad han sido atrapadas en esta trampa, el temor es tan intenso entre las madres latinas que impide que muchas se arriesguen a pedir ayuda.

Temor básico a la policía

Es un hecho que muchas personas inmigrantes traen de sus países de origen el miedo a la brutalidad e injusticia de la policía. Pero demasiado frecuentemente las acciones policiacas aquí contra personas latinas que viven aquí hacen poco para aliviar esos temores. Las mujeres ven la forma en que la policía trata a sus hermanos, hijos, esposos y vecinos. Así concluyen que la policía sería la última a donde llamarían para conseguir ayuda.

En medio de una difícil batalla para escapar de la violencia de su esposo, y de una respuesta policiaca que desde el inicio no ayudó en nada,Claudia nos llamó un día, furiosa por lo que la policía le había hecho a su hijo adolescente. Él y su grupo de amigos latinos se escaparon temprano de la escuela temprano una mañana y fueron a la casa de uno de ellos, donde todos habían estado muchas veces antes. Los padres no estaban allí, y los vecinos llamaron a la policía. Al lugar llegaron escuadrones policiacos, así como un helicóptero. Los policías irrumpieron en la casa, tiraron a los jóvenes al piso y les pusieron pistolas contra la cabeza. Cuando los jóvenes trataron de explicar que no eran ladrones, los agentes les gritaron que se callaran o morirían.

En la estación de policía, a pesar de que los dueños de la casa llegaron allí e informaron que, en efecto, estos jóvenes eran todos amigos de su hijo y siempre eran bienvenidos en su hogar, la policía no detuvo el proceso, y el fiscal de distrito presentó cargos. Pasaron meses antes de que un juez conociera el caso y se retiraran los cargos contra los jóvenes. Claudia pudo escapar de la violencia de su esposo, pero ahora tanto ella como sus hijos desconfían profundamente de la policía.

Aunque en nuestro condado hay numerosos agentes de policía y personal del CPS que tratan a la gente con igualdad, no hay razón para que no sigamos insistiendo en que todos lo hagan. Esto aliviaría los temores de muchas personas y les abriría el camino hacia la justicia.