Justicia criminal

De valentia y contribución

Seis mujeres y niñas que hicieron una diferencia

Una de las más importantes contribuciones para mejorar la respuesta del condado de Sonoma a la violencia contra las mujeres ha sido la voluntad de algunas excepcionales víctimas individuales para relatar sus historias. Al hacer vivo y humano el problema, estas mujeres y niñas han obligado al sistema a cambiar. Arriesgándose a peligros y dolores adicionales, no sólo trataron de obtener ayuda para sí mismas; también intentaron hacer algo más: asegurar que otras mujeres no sufran las mismas injusticias.

En el condado de Sonoma, muchas de estas valientes mujeres han sido latinas. A menudo enfrentan grandes riesgos por contar su historia: el riesgo de ser deportadas, barreras lingüísticas y los peligros de pronunciarse en una sociedad que aun en un buen día las considera menos que iguales.

El Centro de Justicia para Mujeres honra a estas mujeres y agradece su compromiso con la justicia, con la comunidad y con la libertad para todas. Las mujeres que destacamos a continuación son sólo algunas entre muchas.

María R.
a mayoría de la gente en el condado de Sonoma recuerda al Dr. David Noles, el quiropracta que durante años persuadió a mujeres del tercer mundo a que dejaran sus países y las llevaba a su oficina en Petaluma, prometiéndoles un trabajo. Una vez allí, Noles las retenía como esclavas para él mismo o las ofrecía a otros hombres.

La gente también recuerda a María, la madre de 21 años de edad de Sayula, México, quien en 1991 expuso a David Noles y consiguió derrotarlo. Menos conocido es el hecho de que, corriendo un alto riesgo para sí misma, en 1993 María rindió un testimonio grabado ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Viena. Fue con base en ese testimonio de María y los de otras mujeres del mundo que Naciones Unidas suscribió el principio de que las mujeres tienen derecho a todos los derechos humanos.

Lupe (nombre ficticio)
n 1994, Lupe, una niña hispanohablante de 12 años de edad, escribió una conmovedora y articulada apelación a su maestra para poner fin al abuso sexual que estaba sufriendo. La maestra llamó a la policía. Pero ninguno de los oficiales hablaba español y la investigación no prosperó.

A pesar de haber perdido su hogar, y temiendo represalias, Lupe y su madre decidieron llevar el caso ante la prensa para destacar la necesidad de que hubiera oficiales de policía latinos e hispanohablantes. Esto tuvo como resultado la pronta contratación de cuatro oficiales latinos que hablaban español. También elevó, en nuestro condado, la conciencia acerca de la necesidad de que nuestras fuerzas policiales sean representativas de las comunidades a las que sirven.

María V.
aría V. fue retenida y sometida a esclavitud laboral y sexual en una granja de productos lácteos durante más de una década. El día que descubrió que el ranchero había abusado sexualmente de su hija de 13 años, María inició una larga y firme lucha por escapar. En 1995, cuando apenas había empezado una nueva vida, otra de sus hijas fue violada por una banda. En el juicio de ese caso, muchos de los derechos de su hija fueron descartados. María comenzó de nuevo la batalla.

La familia sufría amenazas de parte de la banda. Cada mañana, las hijas de María lloraban pues tenían miedo de ir a la escuela, y cada día ella les hablaba sobre la importancia de mantenerse fuertes y pronunciarse contra lo que está mal. Juntas, María y sus hijas decidieron relatar su historia a oficiales estatales, con la esperanza de que esto ayudaría a cambiar las cosas para todas las niñas. Poco después, el estado emprendió acciones contra el Fiscal del Distrito por la forma en que su oficina desestimó de los derechos de la niñez.

Leonesia
uando Leonesia, de 21 años de edad, fue severamente golpeada por el padre de su bebé, la policía la arrestó. Obligada a vivir sin hogar y temerosa de la policía, Leonesia se propuso que las cosas debían cambiar para cualquier mujer que estuviera en su situación. Presentó los detalles de su caso a Sal Rosano, entonces jefe de policía de Santa Rosa. Un tiempo después, Rosano escribió la moderna Política sobre Violencia Doméstica de la Dirección de Aplicación de Justicia del Condado de Sonoma, de 1996, que hoy rige la respuesta de la policía.

Sarah Rubio Hernández
urante más de un año antes de su muerte, Teresa Macías hizo todo lo correcto para llevar a la atención de las autoridades locales los abusos y la violencia de su esposo. Pero sus ruegos de ayuda fueron ignorados una y otra vez. El 15 de abril de 1996, el esposo, Avelino, la asesinó e hirió a la madre de ella, Sarah Rubio Hernández.

En las semanas antes de morir, Teresa le había dicho a su madre: "Si yo muero, no quiero que otras mujeres sufran lo que estoy sufriendo. Quiero que se las escuche". Mientras se recuperaba en el Hospital del Valle de Sonoma, Sarah Rubio Hernández juró que ayudaría a cumplir el deseo de su hija. Lo llevó a cabo pronunciándose y haciendo públicos los eventos de la vida y muerte de Teresa.

Hoy día, en cualquier día o noche de la semana, en cada pueblo del norte de California, los profesionales están escuchando más detenidamente a las víctimas y respondiendo con más conocimientos como consecuencia de la preocupación de Sarah Rubio Hernández por todas las mujeres. En todo el norte de California, la historia de Teresa Macías se convirtió -y lo sigue siendo en la actualidad- en una historia de referencia de cada mujer que ha luchado por escapar de la violencia y ha sido rechazada por quienes deberían haberla ayudado.

La historia de Antonia...
y todo lo que queda por hacer
n enero de 1996, los jefes de policía y el alguacil del condado de Sonoma suscribieron una moderna política sobre violencia doméstica. La política estipula instrucciones detalladas acerca de cómo deben los oficiales manejar las llamadas relacionadas con violencia doméstica. Dos de los más básicos mandatos de la policía son: 1) los oficiales deben obtener una declaración de la víctima y 2) se debe escribir un informe criminal sobre cada llamada relacionada con violencia doméstica.

La historia de Antonia muestra que cuando la gente habla español, la policía podría ignorar aun las más básicas reglas para proteger la seguridad y los derechos de las víctimas.

A finales de septiembre de 1998, Antonia ya no podía soportar más las vociferantes amenazas de su esposo, quien aseguraba que la mataría a ella y a sus tres hijos adolescentes. La situación sólo había empeorado en el último año. Un día, Pablo había colocado un arma cargada en la mano de su hija y le había dicho que le disparara.

El fin de semana antes de que Antonia llamara a la policía, las amenazas de muerte de Pablo continuaron incesantemente durante toda la noche, todo el día, y al inicio de la siguiente semana. Pablo vociferaba detrás de Antonia mientras ella trataba de servir a los clientes del restaurante que poseen. Ella llamó al 911 y dio aviso sobre las amenazas de muerte de Pablo.

La historia de Antonia acerca de lo que sucedió después, cuando la policía se presentó, fue confirmada en una entrevista separada realizada por el Centro de Justicia para Mujeres al cliente/testigo a quien se le pidió traducir la mañana cuando ocurrieron estos incidentes. Sólo los nombres en la historia han sido cambiados.

Tan pronto como los dos oficiales se presentaron al lugar, Pablo empezó a gritarles una serie de acusaciones contra Antonia. Ella trataba de relatarles su versión, pero Pablo simplemente continuó gritando por encima de la voz de Antonia.

En lugar de llamar al servicio de traducción de AT&T del que la policía puede disponer en tales situaciones, los oficiales pidieron a un cliente del restaurante que tradujera. Se trataba de un comerciante local para quien el inglés es todavía un segundo idioma muy difícil.

En vez de llevar a la pareja a lugares separados de la habitación, los dos oficiales, Pablo, Antonia y el comerciante permanecieron juntos, bajo tensión, en un rincón del restaurante. Pablo gritaba cada vez que Antonia intentaba hablar.

Uno de los oficiales se volteaba constantemente hacia Pablo, ordenándole que guardara silencio. Cuando Antonia trataba de hablar de nuevo y el comerciante empezaba a traducir, Pablo vociferaba y una vez más el oficial le gritaba que se callara.

Uno de los oficiales se frustró tanto que golpeó la mesa con el puño y gritó, "¡Silencio!" Luego le mostró las esposas a Pablo y le dijo que si no se callaba sería arrestado. Éste permaneció callado por un momento, pero pronto volvió a gritarles a los agentes.

Los oficiales no arrestaron a Pablo. No tomaron nota alguna. Nunca consiguieron callar lo suficiente a Pablo como para obtener la versión de Antonia. Tampoco ofrecieron escribir una orden de restricción de emergencia, ni explicar el derecho de Antonia a realizar un arresto ciudadano. Los oficiales nunca escribieron un reporte. Todo ello debió haber sido la respuesta policial de rutina a una llamada sobre violencia doméstica.

"Si la policía no me ayuda, entonces ¿quién lo hará?"

Por el contrario, uno de los oficiales, hablándole directamente a Antonia, le dijo que si la pelea no terminaba, tendrían que arrestarla a ella y a Pablo, y que sus hijos serían conducidos a un hogar infantil. La amenaza de ser arrestada y de retirarle a sus hijos paralizó a Antonia.

Luego, el oficial dijo que por ahora uno de los dos de la pareja tendría que irse. Antonia no podía creerlo. Pablo no se movió para retirarse. El oficial se volteó hacia ella y le dijo, "¡Váyase!" Antonia abandonó el restaurante.

En una entrevista posterior, el comerciante dijo que a él le parecía que los policías simplemente querían lavarse las manos del asunto.

Antonia subió a su auto y empezó a manejar sin dirección, enfurecida por la actitud de los agentes. "Si la policía no me ayuda", dice que pensaba, "entonces ¿quién lo hará?"

Ese fin de semana, una amiga le contó sobre la clínica de órdenes de restricción en el tribunal. Cuando Antonia se presentó a la clínica, se le dijo que ahí nadie hablaba español y que tendría que regresar otro día.