"¡Oh! El
tiempo y los recursos que se necesitan para escribir un reporte
criminal por violencia doméstica!" Ése ha sido
siempre el audible reclamo en el fondo, cuando la policía
responde a nuestras quejas. Pero últimamente esas palabras
han aumentado de volumen hasta convertirse en una estridente alarma.
Los agentes de las
fuerzas de seguridad a lo largo de Estados Unidos nos han estado
advirtiendo directamente: "Con la situación de la
seguridad del país, las amenazas terroristas, las demandas
de las protestas, las pérdidas de financiamiento, no sabemos
cómo vamos a tener los recursos para atender todos estos
casos". No es muy difícil leer entre líneas.
La violencia contra las mujeres, a la que hasta recientemente
se le permitió "subir al bus", ahora estará
colgada de la parte trasera del vehículo para poder seguir
allí.
Entonces, hablemos
de negocios. Vamos a demostrar cómo pueden las fuerzas
de seguridad ahorrar una montaña de tiempo y recursos en
los casos de violencia doméstica. No en el futuro lejano,
ni siquiera en el ámbito de los beneficios sociales. Les
demostraremos que pueden encontrar una enorme cantidad de dinero
en sus respuestas operativas diarias a las llamadas por violencia
doméstica. Después de que conozcas los resultados
de una encuesta realizada a 63 víctimas a quienes se les
preguntó sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad
cuando ellas llamaban a la policía, creemos que tú
también estarás de acuerdo con nosotras. La solución
es tan obvia, tan simple y tan urgente como lo es tapar el hueco
en el casco de un barco.
Antecedentes
de la Encuesta del DPSR
a Víctimas de Violencia Doméstica
A principios del año
2001, en respuesta a numerosas quejas relacionadas con casos,
las cuales que presentamos al personal de mando del Departamento
de Policía de Santa Rosa (DPSR) y al Consejo Municipal
de Santa Rosa, el jefe Dunbaugh y la entonces mayor Janet Condron
acordaron conformar dos grupos de trabajo. El primer grupo se
enfocó en el asunto del idioma utilizado por la policía
en respuesta a víctimas cuyo dominio del inglés
es limitado. El segundo desarrollaría una encuesta a víctimas
de violencia doméstica con el fin de proveer control de
calidad interno en el manejo de los casos de violencia doméstica
por parte de la policía.
La encuesta a víctimas,
que inicialmente fue desarrollada por el Centro de Justicia para
Mujeres y más tarde adaptada y llevada a cabo por el DPSR,
hace a las víctimas de violencia doméstica una serie
de preguntas sobre la respuesta que recibieron de parte de la
policía a sus llamadas por violencia doméstica.
Las víctimas que participaron en la encuesta fueron seleccionadas
llamando por teléfono a víctimas que figuraban en
una serie consecutiva de crímenes relacionados con violencia
doméstica. (Debido a este método de selección,
la encuesta no incluye a aquellas víctimas para quienes
la policía no escribió un reporte.) A fin de asegurar
que sus recuerdos sobre los eventos estuvieran frescos, las víctimas
fueron encuestadas en el término de pocas semanas después
de haber llamado a la policía para pedir ayuda.
Las preguntas de la
encuesta corresponden, a grandes rasgos, con la lista de asuntos
sobre violencia doméstica que se espera que los agentes
sigan cuando responden llamadas por violencia doméstica.
Y esa lista corresponde a los elementos fundamentales de la respuesta,
tal como lo dicta la política sobre violencia doméstica
de las fuerzas de seguridad del condado de Sonoma, una política
que fue suscrita en 1996 por todos los jefes de las fuerzas de
seguridad del condado.
Hallazgos:
(pulsa aquí para
leer datos de preguntas y respuestas de la encuesta, o baja hasta
el final del texto)
El hallazgo clave de
esta encuesta a 63 víctimas de violencia doméstica
(y de la encuesta que la precedió) es que en una significativa
cantidad de casos de violencia doméstica la policía
no está llevando a cabo los requerimientos fundamentales
de la protección a las víctimas ni el más
elemental nivel de recolección de evidencias que es esencial
para el procesamiento del caso.
En el 33 por ciento
de los casos, a las víctimas no se les preguntó
sobre la presencia de armas de fuego. En casi el 50 por ciento
de los casos en los que había lastimaduras visibles, no
se tomó ninguna fotografía. En más del 50
por ciento de los casos en que había niñas y niños
presentes, los agentes no les tomaron una declaración.
En el 27 por ciento de los casos, el agente no preguntó
por la historia de abuso. En ningún caso en que la víctima
sintió que necesitaba un intérprete le fue proveído
uno por parte del agente. En por lo menos el 30 por ciento de
los casos en los que había lastimaduras visibles, los agentes
no realizaron el arresto requerido. Etc.
Los resultados validan
justamente la clase de respuestas policiales defectuosas de las
que nos hemos estado quejando durante tantos años. Pero
en lo que se refiere al dinero, lo primero que queremos destacar
es que después de invertir todo el tiempo, dinero, equipo
y apoyo institucional que se requieren para despachar a un agente
y una patrulla en respuesta a una llamada, en un gran porcentaje
de estos casos el agente ha dejado vacíos tan grandes en
el caso que la masiva inversión es totalmente inútil.
Ése es solamente
el primer nivel de desperdicio. Dada la naturaleza de la violencia
doméstica, cuando la policía responde de manera
ineficiente a una llamada por violencia doméstica, el trabajo
de proteger a la víctima y procesar al perpetrador queda
sin hacerse. Y lo que ocurre es que la situación empeora
en la medida que el perpetrador recibe el mensaje de que, para
las autoridades, su conducta no es gran cosa. No sorprende, entonces,
que en tantos de estos casos sea sólo una cuestión
de tiempo antes de que la policía sea llamada de nuevo
a la misma residencia para manejar una vez más el mismo
problema. En muchos de estos casos eso ocurrirá una y otra
y otra vez. Y tal como lo demuestra al menos un estudio, mientras
más veces se presente la policía al mismo escenario
de violencia doméstica, su trabajo tenderá a ser
más deficiente.
La infraestructura
y la maquinaria de la policía para el manejo de la violencia
doméstica ya han sido establecidas. Pasar por todas las
rutinas y luego dejar de hacer algunas preguntas clave es tan
absurdo como lanzar al agua un nuevo barco con un hueco en el
casco y luego alegar que no hay suficiente tiempo para taparlo.
El enorme gasto de las llamadas repetidas podría ser tiempo
y dinero en las arcas del departamento de policía si tan
sólo el personal de mando insistiera en que los agentes
hagan bien su trabajo la primera vez.
El
papel del fiscal de distrito: Además de la ilógica
queja de no tener suficiente tiempo para atender estos casos adecuadamente,
otro refrán común de la policía es "¿qué
sentido tiene invertir tantos esfuerzos si sabemos con anticipación
que el fiscal de distrito no va a presentar cargos?" En esto,
estamos de acuerdo en que la policía definitivamente tiene
razón.
Las estadísticas
de la oficina del fiscal de distrito del condado de Sonoma para
el año 2001 muestran que de los 2,384 reportes criminales
por violencia doméstica que fueron enviados a esa oficina,
sólo 1,025 tuvieron como resultado una sentencia. La tasa
de sentencias del 43 por ciento por violencia doméstica
en el condado de Sonoma está muy por debajo de la tasa
promedio de 60 por ciento de los otros condados del Área
de la Bahía. Y aun esas estadísticas de los demás
condados del Área de la Bahía son muy inferiores
a la tasa de sentencias de más del 80 por ciento de condados
tales como San Diego, donde se han priorizado los crímenes
relacionados con violencia doméstica.
Nuestras vergonzosas
estadísticas locales también son congruentes con
las realidades que vemos en el Centro de Justicia para Mujeres
en nuestro manejo cotidiano de casos de violencia doméstica.
Demasiados fiscales, en lugar de aproximarse a un caso con miras
a construir una persecución judicial, buscan cualquier
excusa desecharlo. Éste es un caso actual:
Cómo
se invierten los dólares de los contribuyentes para la
justicia criminal - Estudio de caso. El mes pasado,
una víctima llegó por primera vez a nuestro Centro
después de que ya había habido un fallo en su caso.
Se sentía confundida por el resultado. Eso, en sí,
era una indicación de que algo andaba mal. La mujer es
una profesional que lo habría comprendido todo si las cosas
le hubieran sido explicadas de manera apropiada.
Al investigar su caso,
esto es lo que descubrimos. En enero del 2002, el fiscal presentó
tres cargos de felonía por acecho y amenazas terroristas
contra el perpetrador y un cargo de felonía por haber evadido
a un agente de policía. (El perpetrador había huido
en su automóvil cuando la policía llegó a
arrestarlo.) Más de un año después, en febrero
del 2003, pese a la disposición de la víctima a
testificar, a pesar de que había más que las usuales
evidencias físicas que apoyaban el caso, y aunque el perpetrador
había estado recientemente en prisión debido a otra
felonía por asalto, el asistente del fiscal de distrito
redujo las acusaciones del caso a un cargo de felonía por
evadir a la policía y descartó los demás
cargos. (No es de extrañar que el fiscal quisiera dejar
confundida a la víctima acerca de lo que se había
hecho exactamente.)
Y eso no es todo. Además
del insulto que este tipo de arreglos representa para la víctima
y para los intereses de la justicia, en más de un año
de tiempo que transcurrió entre la presentación
de los cargos y la obtención del trato negociado, el caso
fue llevado 39 veces a la corte. Esto significa que se pagó
39 veces el salario de un fiscal, un abogado defensor, un juez,
alguaciles, secretarios y demás personal altamente remunerado
de la corte que estuvieron involucrados en el tribunal para el
manejo de este caso. Así es como se ponen a trabajar los
dólares de los contribuyentes.
Más todavía...
Durante el tiempo en que este caso estuvo dando vueltas y más
vueltas en las cortes, el perpetrador volvió a acechar
a la víctima. Ello tuvo como resultado la presentación
de un cargo adicional de felonía por acecho. Este cargo
también fue desechado como parte del trato negociado.
La factura para los
dólares de los contribuyentes en este caso incluye más
de una docena de reportes policiales, 39 audiencias en la corte,
una víctima exhausta y exasperada que ha sido revictimizada
por el perpetrador y por el sistema; una incalculable pérdida
de dinero y una comunidad a la que una vez más se le han
arrebatado la justicia y la seguridad. Y, por supuesto, uno de
los numerosos costos intangibles son los mismos agentes de policía
que comprensiblemente deducen que no tiene sentido invertir sus
esfuerzos en casos como éste.
Y así van las
cosas, dando una y otra vuelta, en lo que un reciente estudio
sobre homicidios por violencia doméstica llevado a cabo
en el estado de Washington aptamente denomina "El absurdo
procesamiento de casos".
En diciembre del 2002,
el Domestic Violence Fatality Review del estado de Washington
publicó un exhaustivo estudio sobre 230 homicidios por
violencia doméstica. Entre los factores comunes clave que
fueron descubiertos en las historias de estos homicidios se encuentra
lo que el equipo investigador describe como "el absurdo procesamiento
de casos" por parte del sistema de justicia criminal, en
el cual los casos de violencia doméstica son trasladados
de un funcionario a otro sin que alguno de ellos realmente ejerza
los inmensos poderes que detenta para ayudar a la víctima.
Éstos son, exactamente, los fenómenos sin sentido
y con un elevado nivel de desperdicio que identificamos aquí,
en nuestro propio condado. (Para leer el texto
completo de este trascendental informe del estado de Washington,
visitar
)
¿Por
qué? ¿Y qué anda mal? He aquí
una breve respuesta. En repetidas ocasiones el público
ha dejado muy claro que desea que la violencia doméstica
sea tratada seriamente. Las fuerzas de seguridad han respondido
creando la infraestructura, la capacitación, las políticas,
las fuerzas de tarea, el equipo y los protocolos para manejar
la violencia doméstica en forma efectiva. De hecho, muchos
agentes han tomado estos cambios con toda seriedad y hacen lo
que deben hacer para ayudar a las víctimas. Pero detrás
de esta costosa inversión todavía hay una cantidad
significativa de agentes y fiscales que simplemente no quieren
hacer su trabajo.
Estos oficiales sienten
que los casos de violencia contra las mujeres están por
debajo de ellos y que no son el verdadero trabajo de combate al
crimen que visualizaban al tomar el empleo. Cuando estos oficiales
se enfrentan cara a cara con las víctimas, en lugar de
perseguir la meta de ayudarlas, lo que hacen es quitarse de las
manos a la víctima y su caso tan pronto como les es posible.
Al hacerlo, despilfarran la inversión y les cuestan una
fortuna a sus departamentos.
La
solución es simple: Prácticamente en
cada ocasión que discutimos este problema con el personal
de mando, nos responden que los oficiales necesitan más
capacitación. De hecho, la capacitación siempre
es importante. Pero ciertamente el problema de raíz en
estos casos no es la falta de capacitación. Tal como cualquier
persona puede apreciar, las deficiencias identificadas en la encuesta
-por ejemplo, no preguntar sobre armas de fuego ni acerca de la
historia de abuso, no tomarles declaración a niñas
y niños que estaban presentes, no solicitar un intérprete,
etc.-, no son tareas que impliquen un enorme esfuerzo.
Es obvio que el personal
de mando está haciendo un diagnóstico erróneo
del problema. Los oficiales saben cómo hacer el trabajo.
Y no lo están haciendo por una sencilla razón, muy
fácil de identificar: no les gustan estos casos. Todo lo
que los agentes de las fuerzas de seguridad tienen que hacer es
dejar muy claro que los casos de violencia doméstica van
a ser tomados seriamente, y luego darle seguimiento a ello con
disciplina cuando no lo sean. El dinero que ahorren será
su propio dinero.
Encuesta
del DPSR a Víctimas de Violencia Doméstica
Preguntas y resultados:
63 víctimas encuestadas
Resultados: Abril del 2002
(Leer
texto para conocer antecedentes, métodos y discusión
de la encuesta)
¿El agente o
los agentes que respondieron a su llamada discutieron cualquier
preocupación sobre seguridad que usted pudiera tener?
Sí 54
No 6
¿Le preguntaron
los agentes acerca de alguna amenaza específica que su
compañero le ha proferido?
Sí 50
No 11
¿Le preguntaron
los agentes si había algún arma de fuego en la casa?
Sí 38
No 19
¿Le preguntaron
sobre la historia de abuso de su compañero?
Sí 43
No 16
¿Le ofrecieron
a usted una Orden de Protección de Emergencia?
Sí 45
No 14
¿Fue emitida
una Orden de Protección de Emergencia?
Sí 23
No 22
¿Los agentes
llevaron a cabo un arresto?
Sí 34
No 24
No sabe 1
Si había lastimaduras
visibles cuando la policía llegó, ¿se tomó
fotografías de éstas?
Sí 26
No 23
N/A 11
Después de que
el agente o los agentes se retiraron, ¿se percató
usted de alguna otra lastimadura visible sobre la cual no había
informado a la policía?
Sí 12
No 38
N/A 6
¿Se presentó
usted al departamento de policía para que ahí tomaran
más fotografías de sus lastimaduras?
Sí 6
No 36
¿Le brindaron
los agentes información sobre los servicios disponibles
para usted?
Sí 53
No 7
¿El agente o
los agentes que respondieron a su llamada pidieron hablar con
cualquier niña o niño que haya estado presente?
Sí 18
No 21
No había niñas o niños presentes 23
¿Sintió
usted que el agente o los agentes le dieron suficiente tiempo
para relatar su historia?
Sí 58
No 3
Bajo las circunstancias,
¿el agente o los agentes hablaron con usted en un lugar
que ofrecía suficiente privacidad para relatar su historia?
Sí 58
No 3
¿Sintió
usted que necesitaba un intérprete para comunicarse con
el agente?
Sí 3
No 57
En caso afirmativo, ¿se le ofreció el servicio de
traducción?
Sí 0
No 3
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