Justicia criminal

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¡Llamado a la acción!
Nuevas prácticas inmigratorias de la policía ponen en peligro a víctimas y comunidades

Introducción
Antecedentes: Nuestras fuerzas de seguridad locales: Cómo ayudan a criminales violentos a evadir la justicia
La historia de Andrea
La historia de Alicia

En el último año y medio hemos visto, en el condado de Sonoma, un incremento de prácticas inmigratorias peligrosas por parte de la policía. Además de que ésta participa de nuevo en las redadas de inmigrantes, ahora observamos una nueva práctica policial: se deporta a personas sospechosas indocumentadas inmediatamente después de su arresto y antes de que se aplique algún elemento de justicia. De esta manera, nuestra policía se está volcando sobre las víctimas y literalmente facilitando que criminales violentos escapen cruzando la frontera, con lo cual se garantiza que éstos evadirán todo procesamiento y responsabilidad por su violencia.

Nos centramos aquí en esta última práctica porque sus efectos quedan ocultos y son tan devastadores para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, como también para la comunidad en su conjunto.

Lo que sigue son antecedentes sobre las deportaciones instantáneas y algunas reflexiones acerca de cómo tú puedes ayudar a cambiar la situación. Las historias de Andrea y Alicia que aquí presentamos ilustran los peligros de esta nueva práctica, además de la continua desconsideración de nuestra policía hacia las víctimas en general.

Nos interesa mucho saber si la policía de tu comunidad está llevando a cabo la política de deportación instantánea de sospechosos violentos y qué está haciendo tu comunidad para detener esa práctica. Escríbenos aquí  

Por favor, también transmite este llamado a otras personas.

El sueño de cualquier criminal, una vez que ha sido capturado, es que de inmediato se le haga cruzar la frontera, con lo cual escapa al enjuiciamiento y estará fuera del alcance de las leyes estadounidenses. En una nueva y perturbadora tendencia aquí en el condado de Sonoma, nuestra policía local les está haciendo realidad esos sueños a algunos criminales muy violentos. Las consecuencias son devastadoras tanto para las víctimas inmediatas como para la comunidad en su conjunto.

Las historias de Andrea y Alicia revelan que, pocos días después de haber sido arrestados por violación sexual o violencia doméstica, muchos sospechosos indocumentados en nuestro condado están siendo rápidamente entregados a las autoridades inmigratorias y llevados al otro lado de la frontera antes de que se les pueda aplicar algún elemento de justicia; antes de una comparencia en un tribunal, antes de ser procesados, antes de un juicio o castigo. En algunas ocasiones, incluso antes de que la investigación haya concluido.

Estos criminales deben estar saltando de gusto; debe resultarles difícil creer que un día son arrestados por crímenes violentos y graves, pero al día siguiente se les despida del país por arreglos de los mismos agentes que debían llevarlos ante la justicia. De hecho, estos perpetradores se sienten envalentonados por la burla que ello representa.

También las víctimas deben estar embargadas de incredulidad. Habían pedido ayuda a la policía y ésta se ha volcado contra ellas para ayudar a los perpetradores a evadir la justicia. Ahora las víctimas ya no tienen nadie a quién recurrir, mientras los perpetradores continúan su criminalidad a través o en contra de familias y amistades mutuas en el país de origen o, como sucede con similar frecuencia, cuando estos perpetradores regresan fácilmente a los Estados Unidos y vienen aquí a buscar venganza.

Tampoco las comunidades pueden estar seguras, sanar ni prosperar sin la búsqueda de la verdad ni la rendición de cuentas por parte de las autoridades que son los remedios esenciales de la justicia.

Los peligros para todas las personas pueden apreciarse en la historia de Andrea. El perpetrador fue deportado de inmediato a finales del otoño de 2006, después de su arresto en Petaluma por violencia doméstica contra una víctima. No se le aplicó ninguna justicia. Él volvió rápidamente a los Estados Unidos y a Petaluma, donde fue de nuevo arrestado a principios de la primavera de 2007, en esta ocasión por múltiples violaciones sexuales contra la hija de Andrea, de 11 años de edad. Y otra vez la policía lo deportó de inmediato incluso antes de que concluyera la investigación.

Andrea y su familia han quedado temerosas e indignadas; también sienten desesperación de que nunca se pueda hacer justicia. Todas las personas se encuentran en riesgo porque la policía de nuevo dejó libre a este violento hombre.

Cómplices después de los hechos

Si tú o yo hiciéramos lo mismo, si ayudáramos a un delincuente sospechoso a huir del país para evadir ser enjuiciado, seríamos culpables de complicidad después de los hechos, un cargo penal que puede ser tan serio como el crimen mismo. Y si un sospechoso o acusado huye cruzando la frontera por sus propios medios, ¡se le considera fugitivo de la justicia!

Hasta hace más o menos un año y medio, nunca habíamos visto que las fuerzas de seguridad sirvieran como agentes de viaje de perpetradores fugitivos. Hasta entonces, la práctica era siempre que, en primer lugar, se debía hacer justicia.

Los sospechosos de crímenes, sin importar su estatus inmigratorio, primero tenían que responder por esos actos ante un tribunal penal local. Si se les hallaba culpables, cumplían su sentencia. Únicamente hasta que la cumplieran por completo se consideraría la posibilidad de deportarlos, y entonces por lo general sólo en el caso de crímenes mayores. Después de haber cumplido la sentencia por un delito menor, en la mayoría de los casos a una persona indocumentada se le reintegraba a la comunidad.

Hay quienes podrían argumentar que la nueva tendencia a la deportación instantánea quizás tenga sus méritos y justificación. Después de todo, los agentes de las fuerzas de seguridad tienen una amplia discrecionalidad acerca de cuáles leyes tratan con seriedad y cuáles van a ignorar. Sin embargo, ningún grado de lógica puede considerar una ordinaria entrada ilegal a suelo estadounidense (usualmente un delito menor) como un crimen más serio que debería tener primacía sobre crímenes de violencia contra una persona.

Más aun, otorgar una prioridad inapropiada a violaciones inmigratorias hace que sea prácticamente imposible lidiar más tarde con el crimen violento. Después de todo, el sospechoso está ahora fuera de alcance. Por otra parte, si se atiende primero el crimen violento, más adelante será posible manejar el asunto inmigratorio.

Son obvias las verdaderas razones por las cuales los agentes del condado de Sonoma están adoptando esta política de deportación instantánea. Al sacar rápidamente del alcance de la justicia a los perpetradores, los tribunales, la cárcel y las fuerzas de seguridad del condado ahorran enormes cantidades de dinero y recursos ~ a corto plazo. Y en los casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, la deportación instantánea de sospechosos es una manera más de las muchas que los agentes han diseñado para evitar lidiar seriamente con estos crímenes.

“La policía aquí está perdiendo toda credibilidad en la comunidad”, dice el padre de una víctima de violación sexual de 11 años de edad.

Las consecuencias de sacar a estos criminales del alcance de la justicia son predecibles. La burla que los agentes hacen de su propio sistema de justicia envalentona a los criminales, además de devastar a las víctimas. “Si yo hubiera sabido que esto ocurriría”, nos dijo Andrea, “nunca habría acudido a la policía”. Tristemente, cada vez más nos enteramos de mujeres que se niegan a recurrir a la policía debido a estas prácticas inmigratorias de las fuerzas de seguridad.

En su conjunto, tanto la comunidad latina como la comunidad entera sufren daños igualmente perniciosos. A causa de esta tendencia a la deportación instantánea, combinada con la participación cada vez mayor de las fuerzas de seguridad en las redadas inmigratorias, dice el esposo de Andrea: “La policía aquí está perdiendo toda credibilidad en la comunidad”.

Existe una razón para que más de 30 grandes ciudades en los Estados Unidos y dos estados tengan políticas oficiales que recomiendan a su fuerza policial no participar en la aplicación de la ley en casos de violaciones inmigratorias federales, a pesar de que estas ciudades están siendo presionadas a hacerlo por los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional. Y los departamentos de policía de esas ciudades así lo quieren. Sencillamente, la policía de inteligencia comprende que un trabajo policial eficaz se ve mermado cuando la policía no cuenta con el apoyo y la cooperación generales de la comunidad.

Cómo puedes tú ayudar

Hay mucho que puedes hacer para ayudar en este asunto particular. Existe una buena probabilidad de que podamos corregir la situación. La deportación instantánea de sospechosos es una reciente política policial en nuestro condado. Y no fue sino hasta hace poco tiempo que se reinició la participación de la policía en las redadas inmigratorias. En la década de 1990, muchos de nuestros concejos municipales y departamentos de policía en el condado de Sonoma tenían, por todas las razones acertadas, políticas contra la participación policial en la aplicación de la ley en casos inmigratorios. De modo que no debería ser muy difícil convencer a nuestros funcionarios de que vuelvan al camino correcto.

Por favor refiere a otras personas a estas historias y textos en nuestro sitio en www.justicewomen.com o www.ayudaparamujeres.com

Lee la historia de Andrea a continuación.

Hace más o menos un año, Andrea, su esposo y sus tres hijas apenas estaban empezando a relajarse y disfrutar su propia historia exitosa en los Estados Unidos. Energética y de mentalidad empresarial, la pareja había empezado su convivencia con ingresos muy bajos en un pueblo mexicano fronterizo. En menos de una década, Andrea y su esposo habían trabajado tan arduamente que lograron tener un bello y espacioso hogar en el corazón de Petaluma. Sus tres extrovertidas hijas, la menor ahora de 11 años, eran la imagen de las promesas por venir. Sin embargo ahora, dice Andrea, ella lucha por encontrar luz en la oscuridad.

El pasado abril, su hija de 11 años, Teri, se acercó a ella con una actitud siniestra. “Mami”, le dijo, “Abel ha estado abusando de mí”. Andrea se apretó el pecho. “Mami, mami”, dijo Teri, “por favor no te mueras”.

Abel es un pariente político a quien se le había dado confianza y tratado como si fuera de la propia familia. Según Andrea, Teri le dijo que el abuso sexual había estado ocurriendo por dos años, desde que tenía nueve. La niña le confió a su madre: “Abel me dijo que tú morirías si yo te lo contaba”. Durante dos años, la niña había sido silenciada por ese pensamiento, hasta que un día le espetó a Abel: “¡Te voy a denunciar ante la policía!” Él reaccionó de manera bruta, llegando a violencia física. Fue entonces que Teri finalmente le contó a su madre.

“Si le hago una pregunta y usted no me comprende, no responda”.

Andrea fue inmediatamente a la estación de policía de Petaluma. Ella habla poco inglés. Según relató, el agente policial le dijo: “Si le hago una pregunta y usted no me comprende, no responda. Si le pregunto algo y usted sí me entiende, contésteme”. Ya en la noche, habiendo transcurrido horas y mucho tiempo después de que en la policía comprendieran que éste era un caso de múltiples violaciones sexuales contra una niña menor de 14 años, a Andrea nunca le proporcionaron un intérprete.

Aun así, para cuando Andrea y su esposo salieron esa noche de la estación de policía, los agentes ya habían arrestado a Abel. Un arresto tan rápido, pensó la pareja, debía ser una buena señal de que la policía iba a tratar el caso con seriedad. Pero como bien lo sabe cualquier persona familiarizada con el protocolo normal en tales investigaciones, el rápido arresto fue otro indicio muy malo de que las cosas no estaban marchando bien en absoluto. Toma tiempo realizar una investigación apropiada sobre violencia sexual, llevar a cabo una entrevista a profundidad con la víctima, hacer llamadas de pretexto a un sospechoso que no las espera, así como recabar suficientes pruebas para que los cargos puedan ser firmes.

Algunos días después, toda la familia viajó al Centro Infantil de Redwood para la entrevista estándar a profundidad que se le haría a la joven víctima. Fue allí donde los muros se les vinieron encima a Andrea y su familia.

Mientras se entrevistaba a Teri en una habitación separada, el detective le informó al resto de la familia que Abel ya había sido entregado a las autoridades inmigratorias. Apenas 48 horas después de su arresto, Abel fue llevado a San Francisco y estaba en camino a ser deportado a México.

En ese instante, cuando sintió como si un rápido rayo le hubiera lacerado el corazón, Andrea comprendió lo que todo esto significaba. Que Abel se saldría con la suya. Que no habría justicia, ni juicio, ni castigo. Que Abel sería libre en México para hacer lo que quisiera. Libre para continuar violando a otras niñas. Libre para tergiversar la historia en el amado pueblo natal de la pareja y hacer ver a la familia como mentirosa. Y libre para regresar a los Estados Unidos.

Andrea se sintió embargada de angustia y cólera. “No, no”, dijo el detective, tratando de calmar a la familia. “Lo van a llevar a Texas y luego lo regresarán al condado de Sonoma”. Andrea dice que toda su familia “sabía que el detective estaba mintiendo”.

“¿Cómo puede haber terapia cuando no hay justicia?”

El detective salió de la habitación. Luego entró Nancy, una consejera, quien miró a una de las hijas mayores y le dijo: “Tu mamá está muy molesta”. Después se volteó hacia Andrea: “Usted y su hija Teri necesitan recibir alguna consejería. Podemos hacer esos arreglos”.

Andrea explotó en protesta: “¿Cómo puede haber terapia cuando no hay justicia?”

Nancy respondió firmemente: “Debe hablar con la policía acerca de la justicia. Yo no tengo nada que ver con eso. Puedo hacer arreglos para que usted y su niña reciban terapia. Si usted no consigue terapia para su hija”, dijo Nancy, ahora en un tono amenazante, “el condado se la facilitará a la niña. El condado se llevará a su hija”.

La familia regresó a casa llorando y furiosa. En el auto, la segunda hija, Pilar, se volteó hacia Andrea y le dijo: “Mamá, en este país no valemos nada”. Pero, dice Andrea, “yo había pensado que en los Estados Unidos por lo menos una niña o un niño tenía valor”.

En lugar de justicia, nuestras fuerzas de seguridad le habían brindado a este criminal sospechoso una huída segura fuera del país para evadir su enjuiciamiento, su castigo y la justicia. Si una persona civil común y corriente hiciera eso, sería culpable de complicidad, después del hecho, en la violación sexual de una niña.

Andrea y su familia viven ahora con temor y angustia. Constantemente voltean a ver hacia atrás, siempre conscientes de que en cualquier momento Abel podría volver a aparecer de repente. Exactamente como lo hizo hace un año.

Negación de justicia por diseño

Si piensas que esta historia se trata de un lamentable error ocurrido una sola vez, por favor continúa leyendo.

El 7 de noviembre de 2006, apenas seis meses antes de que Abel fuera capturado por haber violado a la niña de 11 años, la policía de Petaluma lo había arrestado debido a violencia doméstica. El fiscal de distrito presentó un cargo por violencia doméstica. Sin embargo, en lugar de procesar ese caso, pocos días después del arresto nuestros agentes entregaron a Abel a las autoridades inmigratorias y lo deportaron a México. Así es: la policía y el fiscal de distrito habían cometido esta misma barbaridad una vez antes con el mismo perpetrador.

Como era de esperar, Abel regresó rápidamente a los Estados Unidos. El 15 de marzo de 2007, la policía de Petaluma lo arrestó de nuevo por violencia doméstica, pero en esta ocasión el fiscal de distrito no presentó cargos. Luego fue sólo un mes después que la policía de Petaluma volvió a arrestarlo por el abuso sexual y otra vez lo entregó a las autoridades inmigratorias para ser deportado.

Si aún no te has convencido de que esta negación de justicia ocurre por diseño, por favor lee la historia de Alicia a continuación.

En algún punto entre el sonido de la radio que hablaba de los acontecimientos mundiales y la nebulosa de las tareas cotidianas, la más silenciosa tensión se estaba gestando. Ya no era seguro que Alicia nos llamara y totalmente impensable que nosotras la llamáramos. El más leve respiro en el momento equivocado pondría el secreto al descubierto y acabaría con el plan tan minuciosamente protegido. Era el jueves antes del lunes en que Alicia escaparía con sus hijos. Al final del viaje, entrarían a un lejano estado que nunca habían visto, mirarían a su alrededor y cualquier dirección hacia la cual vieran sería el inicio de una vida completamente nueva.

Alicia había estado ingeniando este plan durante tres meses pero, en realidad, sus intentos por escapar de su abusivo esposo, Enrique, empezaron años atrás en México. La primera vez fue hace nueve años. Ella llevaba ocho meses de embarazo cuando los abusos de Enrique tomaron giro repentino y terrible. Durante una discusión, él extendió el brazo, tomó una pistola y hundió el frío cañón de acero en el vientre de Alicia. Ella salió corriendo por la puerta sólo para toparse con los arcaicos valores de su familia. “Te casaste con él”, dijo su padre. “Ahora debes aguantarlo”.

Alicia y Enrique se mudaron a Bakersfield, California. Ella pensó que las cosas serían diferentes allí. Después de otra terrible golpiza, Alicia llamó a la policía de Bakersfield. A pesar de sus lesiones, y contra todo protocolo, el agente descargó todo el peso de su propio trabajo sobre los hombros de Alicia en el peor momento. Le preguntó si quería que su esposo fuera arrestado. Ahora ella dice: “Fui una tonta. Tenía miedo y le dije al agente que no”.

Continúan los clamores desde la desesperación

En la primavera pasada, ahora con dos hijos y viviendo en Santa Rosa, California, Alicia tomó otra vez el teléfono. En esta ocasión, nos llamó a nosotras. Había visto nuestro número primero en una clínica médica y luego de nuevo en el Instituto de Maternidad y Paternidad de California. Incluso entonces pasaron meses antes de que tuviera la suficiente valentía para hacer la llamada. Su voz al otro lado de la línea era tímida y tenue.

“¿Qué pasaría si dejo a mi esposo? ¿Puede él quedarse con los niños? ¿Podría hacer que me arresten? ¿Puedo salir del estado?”, preguntó - la misma serie de angustiosas preguntas que hacen tantas mujeres inmigrantes. En la mayoría de países latinoamericanos, una mujer casada que escapa de la casa con sus hijos debido a cualquier razón puede ser arrestada por ‘abandono de hogar’.

“Tienes derechos, Alicia. Puedes dejar tu hogar en cualquier momento y por cualquier razón, ya sea que estés casada o no. Puedes llevarte a tus hijos contigo. Si no eres víctima de violencia doméstica, lo único que no debes hacer es ocultarle el paradero de tus hijos a su padre. Pero si sufres violencia doméstica, ¡puedes huir! ¡Puedes esconderte! ¡Y puedes ocultarle al padre de tus hijos el lugar donde tú y ellos se encuentran! Así lo dice la ley. Lo único que tienes que hacer es notificarle a la oficina del fiscal de distrito que estás escapando de la violencia doméstica”.

Hemos dicho todo esto tantas veces que olvidamos cuán potente puede ser ese mensaje. A una llamada telefónica le seguía otra. Cada vez Alicia había ido tejiendo más hebras de su sueño, convirtiéndolas en un plan concreto. Se consiguieron y ocultaron copias de reportes policiales previos. El automóvil fue vendido en secreto pero seguía estacionado frente a la casa. Alicia ahorró dinero. El viaje ya estaba pagado. La ropa de los niños había sido empacada mentalmente. En la cabeza de ella había listas de cosas por hacer que iba eliminando una por una. En cada llamada secreta, la voz de Alicia sonaba más llena de confianza que la anterior. Quedaba una sola tarea pendiente.

La policía sigue colocando obstáculos en el puente que lleva a las mujeres hacia la libertad

El jueves antes del lunes fue la tarea más dura de todas. Durante los siguientes tres días, Alicia tendría que caminar paso a pasito y seguir en la agobiante rutina de su matrimonio como si los caballos de la libertad no estuvieran explotando en una estampida dentro de su pecho. Y tendríamos que esperar.

El jueves por la tarde, el teléfono sonó. El tono histérico de Alicia hacía casi imposible comprender lo que decía, excepto la certeza de que algo había ido muy mal. La historia salió disparada como pedazos de vidrio de la ventana de un automóvil. Había habido una pelea. Alicia llamó a la policía de Santa Rosa. El agente arrestó a Enrique por violencia doméstica y ahora estaba en la cárcel.

“Alicia, ¿por qué estás tan molesta? No es bueno que él te haya atacado de nuevo. Pero ha resultado ser una bendición disfrazada. Él está en la cárcel. Puedes irte tranquilamente. ¿Qué sucede?”

Pasó tanto tiempo antes de que ella lo dijera. Sí, el agente había arrestado a Enrique. Sí, Enrique estaba en prisión. Pero cuando el agente se enteró de que Alicia estaba planeando escapar con sus hijos, la amenazó con arrestarla. “Me dijo que no podía irme”, contó desesperada. “Me dijo que el padre también tiene derechos. Me dijo que me arrestaría si me iba”.

“¿El agente te dijo que te arrestaría si te ibas? ¡Alicia, el agente está totalmente equivocado! Es un ignorante. No conoce la ley. A veces sólo dicen lo que se les antoja decir. La ley que otorga a las víctimas de violencia doméstica el derecho a escapar con sus hijas e hijos ha estado en vigor por más de 10 años. ¡El agente está equivocado! ¡Equivocado! ¡Equivocado!

Alicia estaba inconsolable. Y su respuesta era tan incuestionable. “Sí”, dijo derrotada, “¡pero la policía es la policía!”

“Mira, Alicia, hay muchos patrulleros ignorantes. Voy a llamar al sargento. Él conoce la ley y ya verás. El lunes serás libre y estarás muy lejos con tus hijos. Y no te van a arrestar”.

Continúan siendo ignorantes y abstraídos, desde el nivel más bajo hasta el más alto

El sargento fue, como la mayoría de la gente lo calificaría, ‘un buen tipo’. Escuchó. Fue paciente. Pero no, no vio la urgencia. ¡Y no conocía la ley! Además, dijo el sargento mostrando una profunda antipatía hacia la difícil situación de Alicia, “no voy a enviar un agente hasta allá sólo para decirle a ella que puede irse”.

El sargento finalmente sí averiguó qué decía la ley. Y admitió que ésta les otorga a las víctimas de violencia doméstica el derecho a escapar con sus hijas e hijos y ocultar su paradero. Pero, fiel a su palabra, el sargento no estuvo dispuesto a “enviar un agente hasta allá sólo para decirle a ella que puede irse”. Dejó en nuestras manos tratar de convencer a Alicia de que lo arriesgara todo confiando en nuestra palabra y no en la del agente que estaba equivocado. Lo hicimos.

El martes, cuatro días después, en una maravillosa llamada desde muy lejos, la voz de Alicia sonaba emocionada y cansada. Ella reía. No podía creer que lo había logrado. En muy poco tiempo consiguió un empleo. La esperanza florecía entre una llamada y la siguiente. Y Alicia esperaba con ansias la primera vez que ella y sus niños verían la nieve.

Siguen ingeniando nuevas maneras de denegar justicia

No obstante, sin que nosotras lo supiéramos, el lunes 6 de agosto, cuatro días después del arresto y el mismo día en que Alicia escapó hacia el norte con sus niños, nuestras fuerzas de seguridad entregaron a Enrique a las autoridades inmigratorias. Él estaba en camino a México. El cargo por violencia doméstica presentado por el fiscal de distrito fue poco más que un chiste.

Hoy, tres meses después, cuando escribimos esto, en la voz de Alicia hay una cautela que va en aumento. Enrique averiguó dónde está ella; sabe incluso su dirección exacta y número telefónico. La ha amenazado muchas veces por teléfono diciéndole que va en camino para llevarles de vuelta a ella y sus hijos. Y en su última llamada a Alicia, al momento en que escribimos esto, él le dijo que ya está otra vez en los Estados Unidos. La esperanza en la voz de Alicia se ha hundido de nuevo en el miedo y la desesperación.